29/12/2015
Joan Mier Albert, Socio Departamento Derecho Público Área Agroalimentaria Roca Junyent
“¿Es justo que el sector frutícola pague por el veto de Rusia?”
Joan Mier Albert es Socio del Departamento Derecho Público Área Agroalimentaria de Roca Junyent. Joan Mier Albert es Socio del Departamento Derecho Público Área Agroalimentaria de Roca Junyent.

España es el principal país productor y exportador entre el grupo de los cuatro principales países europeos productores de la llamada fruta dulce (melocotón, nectarina, paraguayos). Una parte significativa de esta producción se destina a mercados internacionales. Al tratarse de fruta perecedera los destinos no deben ser muy lejanos, para que ésta llegue en buenas condiciones para su consumo. Un 40% de las exportaciones son destinadas a Rusia, prioritariamente por transporte en vehículos rodados.

A pesar de la marcha relativamente estable del sector en los últimos años, durante la última campaña los precios sufrieron un fuerte descenso (40%) debido a una disminución de la demanda por las difíciles condiciones climáticas que condicionaron el comportamiento del consumidor y sobre todo al repentino veto de Rusia a las importaciones agroalimentarias de la UE el 7 de agosto. En efecto, las exportaciones totales de melocotones y nectarinas españolas disminuyeron un 30% debido a que el volumen de las exportaciones a Rusia disminuyó un 80%. Asimismo, las cotizaciones en origen se desplomaron hasta un 75%, y el 30% de las exportaciones, ya contratadas, no pudieron llegar a su destino por el cierre de la frontera. En términos generales se estima que el veto ha puesto en peligro 45.000 explotaciones en España.

“¿Es justo que las empresas del sector y los productores individuales sufran enormes pérdidas o incluso desaparezcan como consecuencia de un órdago político sin haberse fijado previamente una red de seguridad?”

A nivel europeo se calcula que las sanciones de Rusia supondrán para la agricultura unas pérdidas de 6.000 a 7.000 millones de euros y ponen en riesgo 130.000 empleos vinculados a la exportación de alimentos y artículos y servicios auxiliares, como en particular el transporte. En Europa se perderán 400.000 puestos de trabajo ligados al comercio general con Rusia de los cuales se estima que España pueda perder 10.000.

Ante esta situación, las instancias europeas se limitan a afirmar que han hecho todo lo que se ha podido y que se han adoptado medidas extraordinarias para compensar las pérdidas. Ciertamente hay que recordar que el presupuesto disponible para compensación por pérdidas en situaciones de crisis es de 400 millones de euros, lo que no alcanza ni al 8% del total de las pérdidas estimadas. Ello no obstante no puede servir de excusa para criticar la inoperancia de los mecanismos y, también la gestión ineficaz de los mismos.

Origen de la crisis

En el origen por lo tanto de la crisis del mercado frutícola está, por un lado, el fuerte descenso de la demanda europea, y por lo tanto de los precios, y por el otro, la reacción rusa a la decisión comunitaria de sancionar a Rusia por su implicación en el conflicto con Ucrania. Conviene por lo tanto detenerse aquí y analizar la situación de fragilidad en la que se encuentra el sector agrícola cuando se adoptan decisiones de carácter político sin tener suficientemente en cuenta las consecuencias económicas que ello comporta. ¿Es justo que las empresas del sector y los productores individuales sufran enormes pérdidas o incluso desaparezcan como consecuencia de un órdago político sin haberse fijado previamente una red de seguridad?

La cuestión hay que plantearla en un doble ámbito, el de la insuficiencia e ineficacia de los instrumentos de gestión de crisis de un sector fuertemente regularizado, y el de la limitación de las instancias comunitarias (Comisión y Consejo) a la adopción de medidas extraordinarias que solamente mitigan una parte de los daños producidos.

En lo que se refiere a la decisión política consistente en la presión a Rusia de la Comisión y el Consejo en plena campaña del sector frutícola, con la consiguiente reacción inmediata del veto ruso a las importaciones agroalimentarias de la UE durante un año (actualmente prorrogado), sorprende que en Bruselas no se hubiera previsto ninguna medida especial de salvaguarda para el caso de que esto ocurriera, ni tampoco se hubiera advertido al sector de tomar precauciones para evitar pérdidas mayores.

En el aspecto de las circunstancias climatológicas con efectos en la caída de demanda y por lo tanto de precios, hay que decir claramente que la nueva política agrícola comunitaria (PAC) reformada por enésima vez, en esta ocasión para el período vigente 2014– 2020, no dispone de medios suficientes para actuar con eficacia, pero aún menos si se reacciona de forma tardía ante la presencia de un tsunami de caída de precios, lo que la convierte en ineficaz a todas luces.

En palabras del comisario europeo responsable de la agricultura en la anterior campaña, al adoptar las medidas excepcionales ante el veto ruso: “ (he decidido) recurrir a la nueva PAC modernizada para aportar de manera oportuna y proporcionada una asistencia orientada al mercado.” Tras la lectura de estas comedidas declaraciones cabe preguntarse si desde Bruselas hay conciencia real de la insuficiencia de los medios acordados y por lo tanto de la fragilidad económica del sector agrario en episodios de crisis, un sector al que desde las tribunas políticas se le conceden todos los honores por el valor insustituible de su papel en la autosuficiencia alimentaria europea y equilibrio del entorno medioambiental, pero al que se le escatiman recursos por presión de grupos de interés, por diferentes sensibilidades hacia el sector agrícola entre los estados miembros y por los compromisos internacionales en el ámbito multilateral. Las medidas excepcionales adoptadas pusieron a disposición medios para poder mitigar solamente y como mucho el 8% de las pérdidas. Esto no fue suficiente para evitar la debacle de muchas empresas, y en muchos casos su desaparición por inviabilidad económica, sin dejar de mencionar el efecto renacionalizador para intentar recolocar las producciones afectadas con el alegato “compre nacional”.

Medidas

Hay que señalar que ciertamente no se aprovecha la totalidad de las ayudas disponibles, en buena parte debido a que se exige generalmente una cofinanciación del 50% y a que la cantidad aportada se detrae de otras medidas estructurales de las organizaciones de productores.

Por lo tanto, se pone de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos eficaces de gestión de crisis y de previsión y de compensación por decisiones de tipo político. No parece justo alegar, en estas circunstancias, que toda actividad empresarial comporta un riesgo económico y que nadie puede exigir el mantenimiento de una cuota de mercado.

El tema preocupa al Parlamento Europeo, quien en un reciente informe del diputado Nuno Melo sobre el sector de la fruta recomienda incrementar la seguridad jurídica ante la incertidumbre y dificultad interpretativa de los mecanismos de gestión de crisis, señala el riesgo del incremento de recursos judiciales y el abandono progresivo de los programas operativos de las organizaciones de productores y solicita un incremento de la asistencia financiera comunitaria ajustando los precios de retirada teniendo en cuenta los costes de producción.

Asimismo el vicepresidente del Parlamento Europeo (R.L. Valcarcel Siso) solicita, en relación con la crisis del sector frutícola, “./. aliviar a un sector que está sufriendo las consecuencias de una situación geopolítica de la que los agricultores y ganaderos europeos se encuentran totalmente exentos de responsabilidad”.

Ante esta situación conviene recordar que el tratado de la Unión Europea garantiza el principio de responsabilidad extracontractual de las instituciones comunitarias cuando concurren diversas circunstancias, que el propio tribunal de justicia de la UE trata de determinar en cada ocasión que se le plantea, y que en este caso todo apunta a que las instituciones comunitarias son responsables por una decisión que ha causado un daño grave y en la que es factible demostrar la relación de causalidad entre el origen y su efecto. Se debió prever, se debió advertir y se debió indemnizar suficientemente, y esto no se hizo por dejación de funciones, mala administración y falta de diligencia debida.

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