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Las organizaciones de la industria de alimentación y bebidas, distribución, comercio, restauración y productores -Fiab, Aecoc, Anged, Aces, Asedas, Cec, Fehr, Fehrcarem y Cooperativas Agroalimentarias- han pedido de forma conjunta al Gobierno atienda su petición de que la reforma fiscal que planea sea capaz de estimular la actividad empresarial; rechazando de plano la posibilidad de que estos sectores puedan asumir un nuevo incremento de los impuestos sobre el consumo, principalmente del IVA.
Los portavoces de las nueve organizaciones empresariales, que representan a tres sectores estratégicos de la economía española con una facturación global que asciende a 370.000 millones de euros, lo que equivale a más de un 20% del PIB nacional, fueron contundentes en sus reflexiones explicando las negativas consecuencias que las subidas de impuestos tendrán en la confianza del consumidor y, por tanto, en la recuperación de la economía española.
La próxima reforma fiscal, que está siendo analizada en el seno de la comisión de expertos propuesta por el Ministerio de Hacienda, debe servir para estimular la actividad empresarial, la creación de empleo y la generación de riqueza. En ese sentido, a juicio de las organizaciones empresariales, "un marco fiscal más eficiente, justo y equitativo debería aliviar la carga fiscal de los hogares y empresas, para acelerar la recuperación del consumo y la inversión". "De lo contrario, -han avisado- los efectos pueden ser muy perjudiciales para la economía doméstica".
Según los datos que manejan estas asociaciones, la última subida del IVA en 2012 ya produjo una caída media del consumo cercana al 7% (en tasas interanuales durante los seis meses siguientes a la aplicación de la medida). La opción propuesta por Bruselas para que productos de primera necesidad gravados con el tipo superreducido (4%) pasen al reducido (10%) y otros bienes de esta categoría pasen al tipo general (21%) produciría una caída de la producción de más de 16.000 millones de euros y la destrucción de 174.000 empleos, según un informe del Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET).
Dos escenarios
Ante el desconocimiento de por dónde se decantará finalmente el Gobierno en su reforma fiscal, las asociaciones se han planteado dos escenarios distintos, pero igualmente negativos. para las empresas que operan en sus respectivos sectores.
En el primero, los productos con IVA superreducido (4%) podrían pasar a gravarse al 10%; y los que lo hacen al tipo reducido (10%) podrían pasar a hacerlo al general (21%). Esto daría lugar a una caída de la producción de entre 16.180 (-4,4%) y 23.114 millones de euros (-6,3%) y provocaría la destrucción de más de 174.000 empleos (-4,4%); se dejarían de ingresar entre 2.300 y 3.100 millones de euros por otros impuestos y el gasto público crecería entre 630 y 900 millones de euros.
En un segundo escenario, los productos que soportan el tipo reducido de IVA (10%) pasarían a gravarse al general (21%), manteniéndose el resto de tipos. Esto provocaría una caída de producción de entre 16.000 millones (-4,3%) y 22.904 millones de euros (6,2%); la destrucción de más de 155.000 empleos (-3,9%); se dejarían de ingresar entre 2.183 y 3.000 millones de euros por otros impuestos y el gasto público crecería entre 556 y 800 millones de euros.
Las organizaciones representadas en la rueda de prensa, celebrada en Madrid, consideran que "el Gobierno tiene la oportunidad de crear un sistema fiscal estable, seguro y atractivo para la inversión empresarial. Un modelo que ensanche las bases fiscales y ataje el fraude para incrementar los ingresos de la Administración sin necesidad de penalizar el consumo. Una reforma que analice la calidad del gasto público y ponga orden en la maraña de tributos, deducciones y tasas estatales, autonómicas y locales. Y, por supuesto, un marco tributario que estimule el empleo, rebajando los costes y cotizaciones que pagan las empresas".
Las empresas de estos sectores son las principales generadoras de empleo en España y quieren seguir liderando la recuperación de la economía, por lo que también han manifestado su plena disposición a colaborar con el Gobierno "para alumbrar la mejor de las reformas fiscales posibles", según han indicado.