ARAL Digital.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha emitido un informe no vinculante respecto al Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria presentado por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en octubre en Consejo de Ministros. En este estudio se reconocen los principales problemas que actualmente aquejan a este conjunto, que son asimetría, falta de transparencia, prácticas potencialmente desleales y contrarias a la competencia.

Por ello, representantes de los agricultores y ganaderos y la industria de alimentación y bebidas aprueba que la autoridad de la competencia no cuestione la formalización de los contratos ni la fehaciente existencia de prácticas abusivas y anticompetitivas; e incluso reconozca que “no son objeto de denuncia por el operador que la padece, principalmente por la eventual situación de desequilibrio existente en la relación comercial continuada”. Sin embargo, en su informe, la CNC no entiende como necesario adoptar medidas complementarias para resolver esta grave problemática que afecta a una parte estratégica de la economía nacional; alternativas que ayudarían a proteger la innovación, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores frente a las prácticas desleales.

Es en este punto, donde ASAJA, UPA, COAG, Cooperativas Agroalimentarias, Promarca y FIAB disiente con el organismo de competencia, ya que la experiencia les ha demostrado (tal y como reconoce la propia CNC) que, ni el marco jurídico vigente (Ley de Defensa de la Competencia y Ley de la Competencia Desleal), ni los esfuerzos privados (Acuerdo FIAB-ASEDAS y otros de carácter autonómico) han supuesto avance alguno en la resolución de los problemas constatados ni en el equilibrio de la cadena agroalimentaria. Por todo ello, todas las entidades mencionadas reivindican la potestad del Gobierno para regular los graves desequilibrios que plantea la cadena agroalimentaria, y apoyan sin fisuras el paso adelante dado con el Anteproyecto de Ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria, urgiendo su trámite parlamentario.