El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado, día 23, plantear recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley catalana que establece el impuesto sobre grandes superficies, ya que considera que vulnera los límites de la potestad tributaria autonómica y afecta a los tributos locales. El impuesto grava a las superficies comerciales con más de 2.500 metros cuadrados, que deberán pagar 2.900 pesetas por cada metro cuadrado que exceda la superficie antedicha.