La publicación del informe "Las nuevas perspectivas europeas respecto a los acuerdos entre distribuidores", por el think tank Foro Europa Ciudadana, vuelve a poner sobre la mesa una de las figuras jurídicas más empleadas en la Unión Europea entre los grupos de distribución para conseguir mejores condiciones de compra frente a terceros ya sean estos productores o suministradores. Unos acuerdos que en España enfrentan a órganos y agencias administrativas, mientras en el resto de Europa se producen sin problemas.

"Esta figura jurídica, que beneficia al consumidor final ya que obtiene mejores precios en los productos, se viene empleando en varios países de la Unión Europea como Francia o Alemania y ninguno de estos acuerdos ha sido prohibido por las autoridades de Competencia de la Comisión Europea", señala el informe. Tampoco la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puso problemas al acuerdo de colaboración que DIA y Eroski firmaron en 2015.

Proceso sancionador de la AICA

Sin embargo, a pesar del visto bueno de la CNMC, el acuerdo fue puesto en entredicho por el Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ha interpuesto un proceso de sancionador.

"Esta decisión de la AICA va en contra del Derecho de la Competencia, supone una aplicación indiscriminada de las normas y, lo que es más grave, degenera en un caos regulatorio, que es lo más opuesto a la seguridad jurídica, que es inherente al pleno ejercicio de la libertad de empresa", así de tajante se ha mostrado el presidente del Foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano.

Fortalecen la posición del productor

Según se recoge en el informe de Foro Europa Ciudadana, este tipo de acuerdos "están en coherencia con la nueva PAC, porque no solo garantizan un abastecimiento más seguro a precios razonables, sino que permiten que la posición del productor no se vea debilitada". ¿Y los consumidores? "También lo son, ya que estos acuerdos, siempre que se lleven a cabo por grupos de distribuidores que no superen una determinada cuota, producen efectos positivos en los precios y, por tanto, el consumidor paga menos por el producto", responden desde el Foro.

"Por ello, las contradicciones entre órganos y agencias administrativas como lo sucedido en nuestro país redundan en perjuicios claros, directos y evidentes no solo para los operadores comerciales y para las empresas implicadas, sino también para los ciudadanos", concluye el informe.