El Consejo de Ministros aprobaba recientemente dos reales decretos que desarrollan parcialmente la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en España. Un paso, sin duda, importante para culminar el desarrollo reglamentario de esta norma que supone una noticia muy esperada por el sector agroalimentario que ve, más cerca, el contar con un marco regulatorio propio con mecanismos jurídicos, que corrijan los posibles desequilibrios.

Los pasos dados por el Gobierno con estos dos RD van en la línea de lograr mayor transparencia y estabilidad en las relaciones entre operadores protegiendo al sector primario. Así, el primer RD establece disposiciones relativas a las buenas prácticas en la contratación alimentaria, al Observatorio de la Cadena Alimentaria, a los laboratorios agroalimentarios para el control oficial y a las organizaciones interprofesionales.

Conscientes desde un principio de la dificultad y complejidad del proceso para sacar adelante la Ley, por los divergentes y variados intereses en juego, hay que reconocer al Magrama la "pacificación" conseguida entre los sectores implicados para llevarla a buen fin

También incluye, como elemento novedoso, la posibilidad de acudir a un mediador cuando no haya acuerdo en la fijación del precio en los contratos correspondientes a la primera venta de productos agrarios no transformados. Y, para mantener la vigencia de la Ley en el tiempo, hay un sistema de evaluación de resultados a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria. El otro RD, por su parte, regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a la vez que define y refuerza el núcleo de su actividad inspectora.

A priori, la LCA, pionera en España y a escala comunitaria, está para lograr el mejor funcionamiento de las relaciones comerciales en la cadena acabando con prácticas abusivas... Y la ministra responsable, Isabel García Tejerina, ya ha recalcado que su incumplimiento "no saldrá gratis". En concreto, contempla multas de entre 3.000 y un millón de euros para los infractores, al tiempo que se establece la obligación de contratos por escrito en transacciones superiores a 2.500 euros.

A posteriori, hay que confiar en que la norma sirva además para vertebrar al sector agroalimentario español y fortalezca su competitividad con herramientas que consoliden el crecimiento. Algo sin duda vital para un colectivo con posibilidades y ambición de ser aún más estratégico de lo que ya es para la economía española. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que uno de sus eslabones principales, el conformado por las empresas de alimentación y bebidas, ya ha formulado como objetivo en el horizonte de 2020 elevar un 4% sus ventas netas y que la facturación proveniente de la exportación alcance el 40% del total, frente al 25% registrado en 2014.

La LCA, en funcionamiento desde hace un año, nacía haciéndose eco de la demanda social de avanzar en el necesario equilibrio para garantizar una competencia justa, un adecuado nivel de precios y la información a los consumidores. Conscientes desde un principio de la dificultad y complejidad del proceso para sacar adelante la Ley, por los divergentes y variados intereses en juego, hay que reconocer al Magrama la "pacificación" conseguida entre los sectores implicados para llevarla a buen fin. No era fácil, pero valía la pena intentarlo. Y así se ha entendido por los distintos agentes afectados. También por los que podrían salir menos favorecidos por la norma. Desde aquí apostamos porque a medio plazo sea realmente positiva para el conjunto y apoye la creación de valor en los productos agroalimentarios españoles, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.