Con motivo de las próximas elecciones generales de este domingo 23 de julio, la Confederación Española de Comercio (CEC) ha presentado a los partidos políticos una batería de propuestas políticas para impulsar un sector clave en la economía del país como es el comercio de proximidad.

Bajo el título ‘Propuestas del Sector Comercio en España para las Elecciones Generales de 2023’, el documento desarrolla más de 50 medidas concretas, que ya han comenzado a presentarse a los distintos grupos del arco parlamentario. El objetivo es “generar un contexto más favorecedor para el comercio que redunde en beneficio de toda la sociedad”, ha señalado el presidente de CEC, Rafael Torres.

El documento recoge medidas de índole fiscal, laboral, económica, institucional, en materia de formación, de digitalización y legislativas encaminadas a proteger a un sector que en su conjunto supone el 13% del PIB español, siendo una de las actividades más relevantes de nuestra estructura productiva. Es el resultado de un proceso de consulta a las 25 confederaciones y federaciones de comercio de ámbito autonómico y provincial y las 6 organizaciones sectoriales de ámbito nacional que integran la CEC.

Entre las propuestas de consenso planteadas por la organización se encuentra la de crear foros de diálogo permanentes entre el Mincotur y las organizaciones del sector. En este sentido, CEC recuerda que lleva años reclamando la creación de una mesa de trabajo permanente con el Gobierno de España para definir la estrategia y las medidas a implementar destinadas al comercio.

Rafael Torres: "Conseguir unas condiciones del mercado que promuevan la eficiencia, debe ser objetivo prioritario de las políticas administrativas, económicas, normativas y sociales de las Administraciones Públicas"

En materia fiscal, se propone la implantación de un efectivo level playing field que establezca unas mismas reglas y obligaciones para todos los operadores económicos con independencia de si desarrollan su actividad a través de establecimientos comerciales físicos o a través del comercio electrónico con el fin de equilibrar las diferencias en el tratamiento fiscal.

La flexibilización de las exigencias administrativas adaptándose a la realidad de autónomos y pymes; medidas que faciliten a las empresas cumplir los requisitos burocráticos y administrativos; abordar el problema de las dificultades para conseguir personal en los subsectores del comercio que requieren una mayor especialización y fomentar el relevo generacional, e incrementar las medidas de control para luchar contra la falsificación y venta ilegal de productos son otras de las propuestas que aborda el documento.

También se recogen varias medidas concretas en materia de digitalización, entre ellas la de implantar de manera eficaz una estrategia multicanal en colaboración con las organizaciones del sector.

Además, la Confederación reivindica el papel de las organizaciones de comerciantes para el desarrollo y la implementación de políticas y medidas para el sector, aprovechando su gran capilaridad para llegar a las pymes de comercio.

“Conseguir unas condiciones del mercado que promuevan la eficiencia, debe ser objetivo prioritario de las políticas administrativas, económicas, normativas y sociales de las Administraciones Públicas”, ha señalado Rafael Torres, quien confía en que “los partidos sepan aprovechar la oportunidad que tienen de apoyar a un sector clave como el de comercio, no solo por su contribución a la economía y al empleo sino por ser una actividad fundamental para la revitalización de nuestros pueblos y ciudades”.