La Comisión Europea ha puesto la luz de alerta sobre el complejo entramado normativo de la economía española. En su último Semestre Europeo 2019 publicado hace unos días, Bruselas alerta a España de los riesgos que sobre la actividad empresarial supone la fragmentación del mercado. En concreto, en el apartado de recomendaciones a España, la Comisión Europea advierte de que "el carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España impide a las empresas aprovechar las economías de escala". Es decir, estrangula el crecimiento de las empresas y explica, entre otras cosas, "la brecha de productividad" frente a otros Estados Miembros y "una menor capacidad de absorción de conocimientos y tecnología".

El Ejecutivo comunitario lamenta los "efectos limitados" que ha tenido la Ley de garantía de la unidad de mercado, tras cinco años en vigor, e identifica claramente las causas de este bloqueo: "La falta de una cooperación sólida entre todos los niveles de la administración en lo que se refiere a la garantía de la unidad de mercado se ha traducido, de momento, en unos resultados tangibles escasos. No se han adoptado medidas para eliminar las restricciones al crecimiento empresarial".

En un entorno competitivo global, marcado por la disrupción tecnológica y el cambio de paradigma en los modelos de negocio, la falta de Unidad de Mercado puede convertirse en un talón de Aquiles para la modernización de la economía

Esta situación es especialmente dramática para sectores como el comercio, como explica la Comisión Europea: "Las restricciones en los servicios minoristas siguen siendo elevadas. Las comunidades autónomas regulan el sector del comercio minorista y sus enfoques regulatorios son diferentes. De acuerdo al indicador del efecto restrictivo sobre el comercio minorista (Comisión Europea 2018), España está entre los diez Estados miembros más restrictivos en lo que respecta al establecimiento de locales comerciales. La simplificación administrativa destinada a eliminar la doble autorización aún en vigor (legalmente o en la práctica) en algunas comunidades autónomas podría aumentar la eficiencia de los procedimientos de autorización. España es, asimismo, uno de los Estados miembros más restrictivos en cuanto a restricciones operativas, como horarios de apertura de los comercios y períodos de rebajas. Además, un impuesto específico al comercio minorista basado en el espacio de venta, que grava a los comerciantes de gran tamaño en algunas comunidades autónomas, afecta a la competitividad de los minoristas que operan en un espacio físico frente al comercio en línea, que está ganando terreno en España".

Ante esta coyuntura desde Anged se incide en que "es importante avanzar hacia un marco normativo moderno, que responda a la realidad del consumidor actual. Desde luego, la Unidad de Mercado es una palanca imprescindible para ello. Estamos a tiempo de corregir el rumbo y abrir un debate sensato sobre el futuro del sector. Entre todos, tenemos que avanzar hacia una mayor libertad comercial. Un marco regulatorio y medidas que permitan hacer más competitivos a los menos eficientes, pero sin perjudicar la competitividad de los que ya quieren adaptarse y competir mejor en el nuevo entorno digital".