AMDPress.- La Comisión Europea ha enviado a España un dictamen motivado para que modifique su Real Decreto 928/1987, que impone a los textiles la obligación de llevar una etiqueta donde se indique el nombre y la dirección del fabricante, el mayorista y el importador. Según el Ejecutivo comunitario, esta disposición viola el artículo 28 del Tratado CE relativo a la libre circulación de bienes, ya que, aunque se aplica de forma similar a los productos de origen español y de otros países de la UE, engengra costes adicionales para los productos importados.

Por su parte, las autoridades españolas argumentan que esta medida está justificada por la necesidad de proteger a los consumidores, mientras que la Comisión estima que la obligación de etiquetado detallado no es ni necesaria ni proporcional al objetivo de garantizar la trazabilidad de los productos en cuestión.

La libre circulación de bienes constituye uno de los principios fundamentales del mercado interior. Las disposiciones sobre la materia en el Tratado CE (artículos 28 a 30) y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo obligan a los Estados miembros a abstenerse de imponer restricciones a la importación y exportación entre Estados miembros, salvo que lo justifiquen motivos objetivos de política pública, salud pública o seguridad. En esos casos, toda restricción impuesta debe ser proporcional al objetivo conseguido.

En virtud de las disposiciones del Tratado CE y de la jurisprudencia, todo producto fabricado y/o comercializado legalmente en cualquiera de los Estados miembros puede venderse de manera legal en todos los demás. Cuando las disposiciones nacionales de un país impiden la libre circulación de bienes dentro de la UE, las empresas se ven privadas de su derecho a vender un producto y se falsea la competencia en los mercados nacionales.

Asimismo, los consumidores disponen de una oferta reducida y se arriesgan a pagar más por un producto. La Comisión Europea es la institución encargada de vigilar que todos los Estados miembros respetan las normas del mercado interior y, en caso contrario, de llamarles la atención o incluso llevarlos ante el Tribunal de Justicia para que se les impongan sanciones.

De momento, el caso referido a España se encuentra en la segunda etapa del procedimiento de infracción, lo que implica que la Comisión la ha enviado un dictamen motivado solicitándole la modificación de la norma que incumple las disposiciones comunitarias. España tiene ahora dos meses para dar una respuesta satisfactoria a la Comisión o ésta podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.