El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido temporalmente el impuesto que la Generalitat aprobó el pasado diciembre y que pensaba aplicar a las grandes superficies (aquellos establecimientos con más de 2.500 metros cuadrados) de Cataluña. Por ello, los comerciantes catalanes han solicitado al Gobierno autonómico que busque ingresos alternativos a los 14,42 millones de euros (unos 2.400 millones de pesetas) anuales que esperaba recaudar mediante la citada tasa y que iban a ser destinados a potenciar al pequeño comercio.