Aral Digital.- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el impuesto asturiano a grandes superficies, creado por el Gobierno asturiano en 2002 y que entró en vigor en 2003.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias planteó al Constitucional la cuestión suscitada por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) contra un reglamento de desarrollo de la norma que estableció el nuevo impuesto, al entender que el Gobierno autonómico carece de competencias suficientes para establecer el tributo; que vulnera la libertad de empresa; que rompe el principio de igualdad en el sostenimiento de los gastos públicos y quiebra el principio de seguridad jurídica, preceptos todos ellos recogidos en la Constitución.

En el propio recurso, Anged solicitó al Tribunal Superior de Asturias que, previo a la emisión del fallo, el Tribunal planteará una cuestión de inconstitucionalidad por las ilegalidades manifestadas y que abundan en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la norma que establece el impuesto.