Las asociaciones de la industria (Fiab y Promarca), de la distribución (Anged, Asedas, Aces), de la restauración (Marcas de Restauración) y la Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc) valoran positivamente la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anula el impuesto catalán a las bebidas azucaradas envasadas, conocido como el IBAE. Las organizaciones consideran que la normativa estaba generando pérdida de competitividadinseguridad jurídica a las empresas que operan en Cataluña. Asimismo, los representantes de las empresas del sector consideran que se trataba de una medida injustificada, puramente recaudatoria y que afectaba negativamente a toda la cadena y a los propios consumidores. 

La Sentencia ha considerado que el Decreto 73/2017 fue aprobado sin que se respetaran los trámites legalmente exigidos de consulta, audiencia e información públicas, es decir, se privó a las entidades afectadas de su derecho a formular alegaciones observaciones en relación con el Decreto. Se constata que se prescindió de esos trámites de forma indebida y que la Generalitat de Cataluña pretendió justificar la exclusión de tales trámites invocando unas razones que no son las reconocidas por la norma aplicable. Los trámites de consulta, audiencia e información públicas están legalmente previstos para garantizar la participación de ciudadanos y entidades afectadas en relación con la aprobación de normas reglamentarias y, en particular, garantizan el derecho de las entidades afectadas por la norma de poder manifestarse en relación con ella. 

En el recurso interpuesto se defendía, además, que la Ley que aprobó el Ibae (la Ley 5/2017) era inconstitucional por vulnerar los límites sobre las competencias tributarias de las Comunidades Autónomas, ya que el IBAE se superpone con el Impuesto sobre el Valor Añadido; produce efectos extraterritoriales fuera de la Comunidad Autónoma; y vulnera los principios de justicia tributaria por su arbitrariedad, discriminación y falta de seguridad jurídica. Asimismo, se alegaba que el IBAE contravenía el Derecho de la Unión Europea, por implicar restricciones cuantitativas a la importación y ser una medida restrictiva de la libertad de establecimiento.   

El sector alimentario -producción primaria, industria y distribución- y de la restauración representa en su conjunto el 15% del PIB nacional y proporciona más de 4,3 millones de empleos de manera directa, lo que supone el 22% del empleo del país. Como motor de la economía española, el sector señala la ineficiencia de medidas como el IBAE al ser una medida recaudatoria que retrae el consumo y afecta a la economía y al empleo.