La manifestada intención del Gobierno de no subir el IVA ni reclasificar los productos con un impuesto reducido pasándolos a gravar de un 10 a un 21% ha tenido una positiva acogida entre las organizaciones empresariales de la alimentación, el gran consumo y la hostelería, que valoran muy positivamente la sensibilidad de la Administración en este ámbito.

Sin embargo, las distintas organizaciones empresariales del sector continúan uniendo esfuerzos sobre la necesidad de instar a organismos internacionales como la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, "a que tengan en consideración los esfuerzos y ajustes que la sociedad española ya ha asumido, así como la realidad económica del país y del empresariado para evitar una posible reforma fiscal que ponga en riesgo la competitividad y estabilidad del sector y por ende el conjunto de la economía nacional", según señalan en un nuevo comunicado conjunto.

Todas las organizaciones empresariales de la cadena agroalimentaria, comercio, distribución y hostelería (Cooperativas Agroalimentarias, Fiab, Promarca, Aecoc, Anged, Aces, Asedas, CEC, Fehr y Fehrcarem), que juntas representan más del 20% del PIB nacional, consideran que aunque las muestras de recuperación económica siguen siendo tímidas, las organizaciones internacionales no son conscientes de las reformas que se han llevado a cabo en nuestro país ni tienen en cuenta que las características socioeconómicas de España no se asemejan a las del resto de los países vecinos europeos, lo que impide asumir nuevas medidas impositivas.

Respecto a la reforma fiscal, todas las organizaciones en su conjunto ya han advertido en reiteradas ocasiones de que una reforma que se articule en base a incrementos fiscalidad indirecta tendría un efecto devastador no sólo en los sectores representados, sino en la recuperación económica general, ya que un parón en el consumo podría arrastrar en cadena al resto de variables macroeconómicas. De hecho, una reclasificación del IVA del 10 al 21% podría reducir un 9,3% la renta disponible de los hogares, lo que equivale a una pérdida de 60.000 millones de euros.

Las organizaciones empresariales insisten en que los productos gravados al 10% suponen más del 64% del total del gasto, y entre ellos se incluyen productos básicos de cesta de la compra. De aplicarse el cambio de un IVA reducido al 21%, el consumidor podría enfrentarse a un gasto anual adicional estimado entre los 600 y 800 euros, un aumento que pondría en peligro la estabilidad del binomio consumo-turismo.

Asimismo, otra de las medidas que el colectivo considera urgente es garantizar una mayor transparencia en el sistema y un endurecimiento de la lucha contra el fraude fiscal que, según distintos estudios comparativos, representa entre el 18,6% y el 22,8% del PIB, una cifra superior a la de la mayoría de países de nuestro entorno. El coste fiscal de esta economía sumergida ronda los 72.000 millones de euros y casi el 7% del PIB.