El pasado 29 de marzo, la Primera Ministra Británica, Theresa May, activó el popularmente llamado Brexit (formalmente el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea) abriendo el mayor reto al que se ha enfrentado el proyecto comunitario desde su existencia. Las implicaciones políticas, sociales y económicas probablemente ni siquiera se han podido dimensionar. En el plano político nos encontramos ante los retos de que un socio, muy particular sin duda, quiera abandonar un club por desafección de sus ciudadanos. En el ámbito social, el futuro de los ciudadanos europeos presentes en el Reino Unido (polacos principalmente, pero también irlandeses, portugueses, franceses o españoles) supone uno de los principales retos. Y la dimensión económica, en todas sus vertientes y sectores, tiene unas proyecciones enormes.

Uno de los sectores más afectados va a ser, sin lugar a dudas, el sector agroalimentario. Así lo refleja el informe elaborado por el Ministerio de Economía irlandés el pasado mes de septiembre (UK EU Exit: Trade Exposures of Sectors of the Irish Economy in a European Context) que situaba los productos agrarios, particularmente los irlandeses, como los que más van a sufrir por este proceso. En particular, en el referido informe, destacan los cereales, los preparados de cereales y las frutas y hortalizas, con un nivel de exposición extremadamente alto.

España también es de los países que tiene unos niveles de exposición más altos. A nivel global, el Reino Unido es el cuarto destino de nuestras exportaciones, con una cifra superior a los 18.000 millones de euros en 2016. En el caso concreto del sector agroalimentario, nuestro volumen de exportaciones, con datos de 2015, superó los 3.500 millones de euros, situándose como el segundo en importancia tras el sector automovilístico; y con una especial mención al subsector de las frutas, hortalizas y verduras, que constituyen más de la mitad de nuestras exportaciones.

Sentadas la realidad del impacto para nuestro sector primario, ¿dónde estamos? En estos momentos vivimos un halo de incertidumbre en el fondo y en los tiempos. En el plano material, "Brexit significa Brexit". Esta fue la famosa frase pronunciada durante muchos meses por Theresa May y que hace apenas un mes fue igualmente pronunciada por el negociador europeo Michel Barnier. Sin embargo, la Primera Ministra May pronunciaba recientemente en Florencia -algo muy simbólico- un discurso que apelaba a un periodo de transición hasta el 2021, asumiendo la complejidad política y técnica que tiene este proceso.

"Solo un trabajo estructurado va a poder contribuir a reducir la incertidumbre en aspectos clave"

Y es que, como decimos, lo temporal también está informado por la falta de certeza. Las negociaciones se han planteado en una doble fase. Una primera que debe atender a las obligaciones financieras, los derechos de los ciudadanos o la muy relevante cuestión de la frontera con Irlanda. Luego vendría la segunda fase, en la que se entrará en las futuras relaciones entre ambos países. La primera fase debería concluir en este mes de octubre, y sin embargo, como ha afirmado el Presidente de la Comisión Europea, solo un milagro va a permitir que esto sea así.

La incertidumbre constituye uno de los mayores peligros a los que se enfrente cualquier sector económico y el sector agroalimentario español tampoco se lo puede permitir. Desde España se ha intentado dar respuesta desde el punto de vista orgánico con la creación en el Ejecutivo de una Comisión Interministerial (omniministerial podríamos decir ante la presencia de la práctica totalidad de los departamentos ministeriales), y la constitución de una Ponencia de Estudio en el seno de las Cortes Generales.

Pero en paralelo a esta respuesta de los poderes públicos, se hace más que nunca necesaria la participación activa del sector con una triple finalidad: garantizar que los mensajes que se trasladan son los adecuados, asegurarse de que esos mensajes llegan a la punta de lanza del equipo de Barnier, y vigilar que el sector no se constituya en ningún caso en una moneda de cambio en el seno de las negociaciones.

Solo una participación proactiva del sector va a permitir que el impacto en la PAC dentro de las próximas perspectivas financieras, cifrado por el Comisario Hogan en 3.600 millones de euros, se vea compensado de algún modo. Solo un trabajo estructurado va a poder contribuir a reducir la incertidumbre en aspectos clave como la futura legislación alimentaria, la protección de nuestras denominaciones de origen o el grado de competitividad de nuestros productos ante las muy probables dificultades que se derivan de que el Reino Unido pase a ser un tercer Estado, caso de los aspectos logísticos o, cómo no, los derechos arancelarios.

Nuestros resultados en el mercado se ven beneficiados si reducimos la incertidumbre en el no mercado (en los entornos político, regulatorio y social). Más que nunca la colaboración público-privada en pro del interés general se hace necesaria. Es necesario el intercambio sincero de información y la transparencia por parte de los poderes públicos, eliminando el ruido que rodea un proceso de este calado. Pero es igualmente imperativo que desde el sector privado se ofrezca todo el apoyo, y no meramente el discurso reivindicativo -que también- para que se puedan defender nuestros intereses con la mayor solidez argumental en Bruselas. Brexit significa Brexit, pero todos queremos que los productos españoles sigan ganando posiciones en un país tan relevante como el Reino Unido.