Para ACES y sus empresas asociadas, un sector de comercio minorista sostenible tiene que tener en cuenta las tres dimensiones en que se manifiesta este concepto, la social, la económica y la ambiental. Desde el punto de vista social, entendemos que nuestra actividad es crucial para el desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos. Creemos necesario reivindicar el papel de la distribución comercial para hacer llegar alimentos y productos de gran consumo en las mejores condiciones de calidad, variedad y precio, adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes y promoviendo una nutrición adecuada para todos los colectivos, especialmente aquellos con necesidades específicas. Tenemos una gran capacidad de comunicación con los más de 18.500.000 ciudadanos que semanalmente pasan por nuestras tiendas.

De los 64.000 trabajadores con que cuenta ACES, el 85 % cuentan con contratos fijos y el 70% a jornada completa con una fuerte inversión en formación por parte de las empresas superior a los 12 millones de euros. Además, todas las empresas disponen de medidas de medidas de conciliación.

"La seguridad jurídica es lo que puede incentivar a las empresas a realizar inversiones ambientales a medio y largo plazo"

En cuanto a vertiente económica, también apostamos por la sostenibilidad de toda la cadena agroalimentaria. La distribución organizada necesita proveedores eficientes capaces de proporcionar productos competitivos y de calidad. Por este motivo trabajamos intensamente con los eslabones de la cadena aportando nuestro análisis e iniciativas, en marco de una libre y leal competencia, como en el caso del vacuno de leche o el aceite de oliva donde hemos sucrito en la anterior legislatura cuatro convenios junto con el Ministerio y los otros agentes de la cadena.

En cuanto al compromiso con el medio ambiente, las empresas integradas en ACES trabajan activamente para reducir el impacto de las actividades comerciales y mejorar e innovar de manera continua. Esta actividad podemos analizarla, desde la óptica de la economía circular, a través de los distintos procesos que integran la actividad. Las empresas de ACES se preocupan de cómo se producen los alimentos, impulsando verificaciones ambientales, auditando a proveedores industriales y colaborando con los diversos agentes de la cadena promocionando las mejores prácticas.

La eficiencia en el uso de recursos es también para nuestros asociados y, aunque todos tienen establecidos sistemas para mejorar reducir el consumo energético de las instalaciones y procesos logísticos, desde la Asociación colaboramos en diversos ámbitos de esta materia. Además, las empresas de ACES están claramente comprometidas con la prevención y correcta gestión de residuos y con la reducción del desperdicio alimentario.

Pero para continuar avanzando en materia de sostenibilidad es importante que las administraciones públicas cuenten con la opinión de nuestro sector a la hora de adoptar nuevas medidas normativas. Abogamos siempre por esquemas flexibles en los que, una vez consensuada la línea de llegada, se deje la opción a cada empresa para elegir la vía que mejor encaje con su modelo de negocio. Lo importante es asegurar que la gestión ambiental se realiza adecuadamente y no penalizar a aquellas empresas que acrediten una correcta gestión.

Entendemos además que la defensa del medio ambiente debe ser cosa de todos, no sólo las grandes empresas. Hay que involucrar a todos los actores en los objetivos de correcta gestión ambiental y necesitamos más pedagogía y concienciación de los propios consumidores.

Las medidas de regulación deben de ser también proporcionales a los objetivos perseguidos respetando los principios de libertad de empresa y de mercado. Es decir, la política ambiental no debe establecer más limitaciones a la actividad empresarial que aquellas que resulten necesarias e indispensables para la consecución de los objetivos ambientales.

Por otra parte, el medio ambiente no puede convertirse en una excusa que justifique cualquier tipo de intervención. En concreto, la parafiscalidad o las medidas de fiscalidad ambiental deberían ajustarse igualmente a los objetivos de justificación, proporcionalidad y no discriminación y no deberían perseguir objetivos ajenos a la propia mejora ambiental.

Por último, consideramos que tanto más efectivas serán las medidas adoptadas por las empresas cuanto más homogéneo y seguro sea el marco normativo. La seguridad jurídica es lo que puede incentivar a las empresas a realizar inversiones ambientales a medio y largo plazo. Nuestro modelo de negocio, propicia que las mejores soluciones ambientales diseñadas por las empresas puedan replicarse en el territorio, a través de toda la red de tiendas. Para ello es fundamental que la legislación autonómica y local respalde a aquellos agentes que justifiquen una correcta gestión.