Tras la aprobación por parte del Gobierno catalán del anteproyecto de ley del impuesto sobre grandes superficies comerciales, que afectará a todos aquellos establecimientos comerciales con una superficie de venta igual o superior a los 2.500 metros cuadrados, diversas organizaciones se han mostrado contrarias a esta medida. El CEDAC ha calificado el impuesto de "injusto y discriminatorio". La asociación catalana duda de la legalidad de este tributo, por lo que piensa "emprender todas las medidas a su alcance para impedir su entrada en vigor". Para el CEDAC se trata de una medida que "encarecerá el producto y perjudicará al consumidor", y muestra su perplejidad ante una figura tributaria "que no tiene parangón en toda Europa y que supone un agravio comparativo contra los supermercados". Por otra parte, el presidente de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), Javier García Renedo, ha afirmado que este impuesto "repercutirá en el precio de los productos, y por tanto, en el precio que paga el consumidor final". García Renedo ha señalado que "no es el momento de aplicar impuestos de este tipo para sufragar otras actividades".