El Gobierno catalán ha decidido presentar al Parlamento el Anteproyecto de Ley del impuesto sobre grandes superficies comerciales, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2000. Esta nueva figura tributaria afectará a todos aquellos establecimientos comerciales con una superficie de venta igual o superior a los 2.500 metros cuadrados y el tipo de gravamen se establece en 2.500 pesetas por metros cuadrado. Esto supone para las grandes superficies de alimentación alrededor de un 0,35% sobre el volumen de ventas. En total, serán unas 80 grandes superficies comerciales las que pueden verse afectadas por este nuevo impuesto, que, según el Gobierno catalán, pretende "dar respuesta a las necesidades del pequeño comercio", al que destinará los 2.444 millones de pesetas que prevé recaudar con este nuevo impuesto. Las grandes superficies dedicadas a la venta de automóviles quedan exentas del pago de este impuesto, y a aquellas que por causa de las dimensiones de los artículos que comercializan necesitan un mayor espacio de venta -caso de los establecimientos de muebles- se les aplicará una reducción del 30%. Además, y por la propia naturaleza del impuesto -que pretende gravar a aquellas grandes superficies comerciales que pueden ocasionar un impacto sobre el territorio, el medio ambiente y la estructura del pequeño comercio tradicional, y que actualmente no asumen-, se establece una bonificación del 50% en la cuota para aquellos centros que, si bien entrarían dentro de esta norma, se pueda acceder por tres o más medios de transporte público.