La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y la Confederación Española de Comercio (CEC) lamentan que el plan de ajuste del déficit previsto por el Gobierno se asiente principalmente sobre nuevas barreras al consumo y subidas impositivas a hogares y empresas.

Según aseguran, el nuevo límite de 1.000 euros para las operaciones en efectivo afectará a la actividad comercial, suponiendo una barrera al consumo y un nuevo coste de transacción, al "obligar" prácticamente a todos los ciudadanos a tener una tarjeta. Además, las organizaciones del gran, pequeño y mediano comercio consideran un error plantear esta medida en plena campaña de Navidad, sin haber consultado previamente a los sectores más afectados.

Ambas asociaciones defienden la lucha contra el fraude fiscal en España, pero consideran desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo, que prácticamente pone bajo sospecha a cualquier consumidor que realice compras en el comercio.