El nuevo texto de la ley andaluza de comercio, que quedó cerrado a finales de julio, podría estar listo para el próximo año. El texto otorga al Gobierno andaluz la potestad de otorgar la primera licencia de apertura y a los ayuntamientos, la segunda.

Así mismo, plantea la creación de un impuesto andaluz a las grandes superficies, el cual, al contrario que la tasa catalana recurrida por el Gobierno central, gravará sólo la apertura de grandes superficies, pero no tendrá un carácter anual, como en Cataluña.

Se redefine también el concepto de gran superficie, considerándose como tal todo establecimiento comercial que supere los 2.500 metros cuadrados. No obstante, la reforma incorporará un sistema de licencias con varios tramos, según la densidad de población de los municipios afectados. Se considerará gran superficie, por ejemplo, un establecimiento de 1.000 metros cuadrados ubicado en una localidad con menos de 10.000 habitantes.

El visto bueno de la Junta de Andalucía será necesario para otras fórmulas comerciales como las tiendas “hard discount” y los parques de fabricantes, que venden mercancía de otras temporadas, y que deberán delimitar en un futuro claramente su concepto.

Se prevé, así mismo, crear un plan de equipamientos comerciales, a partir del cual se establecerán moratorias de aperturas en las comarcas más saturadas. Las moratorias se revisarán cada dos ejercicios.