José Miguel Herrero, subdirector general de la Estructura de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Magrama, ha explicado como el Proyecto de Ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria tiene como finalidad “aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor”. Todo ello en el marco “de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector sino también de los consumidores”. Así lo ha expuesto en la videoconferencia celebrada con las oficinas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ubicadas en Brasil, Ecuador, Perú, México, Colombia, El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Miami y la ubicada en Madrid. Una iniciativa que ha surgido tras constatarse la similitud entre los motivos que generaron la elaboración de esta Ley en España, y las necesidades de estos países en esa materia.

Herrero ha analizado algunos aspectos de la Ley, destacando de su contenido el establecimiento de un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes, aplicable a todos los operadores de la cadena, desde la producción hasta la distribución. En la parte de regulación, ha indicado que el proyecto establece la obligación de formalizar los contratos por escrito a partir de 2.500 euros, cuando una de las partes es productor primario o una agrupación de los mismos o PYME, y el otro no, o cuando hay una dependencia económica de la otra parte, excluyendo las operaciones al contado. En este ámbito ha hecho hincapié en como la Ley regula también las subastas electrónicas y la obligación de conservación de documentos durante 2 años.

En cuanto a la autorregulación, Herrero ha resaltado la creación de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles, “cuya adhesión será voluntaria por parte de los operadores de la cadena, que tendrán la obligación de someter la resolución de sus conflictos al sistema designado en el mismo”. El subdirector general ha dedicado tiempo a explicar otra de las novedades de la nueva normativa: la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria “que informará de la propuesta del Código y realizará su seguimiento, así como el de las prácticas comerciales, dando traslado a la autoridad competente, si detectase incumplimientos de lo establecido en la ley”. En esta línea ha indicado que tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos entre las partes, y asumirá, además, las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos.