ARAL Digital.- Representantes de industrias de Alimentación y Bebidas, Distribución y el sector del reciclaje (Fiab, Anged, Asedas, Aces, CEC, Ecovidrio y Ecoembes) se han reunido con el vicepresidente económico del ejecutivo autonómico, Josep Ignasi Aguiló, para mostrar su total rechazo a un canon que consideran “discriminatorio y que afectará seriamente a la recuperación de la economía en Baleares”. Así, los representantes de todas las entidades han transmitido su total desacuerdo ante la intención del Govern de introducir una medida inconstitucional que sólo persigue incrementar la recaudación con un nuevo gravamen a los envases de bebidas. Consideran que el establecimiento de un canon con supuestos fines ecológicos como el que se está valorando supondría una doble carga tributaria sobre la misma base imponible.
“Lo único que van a conseguir con esta tasa es perjudicar aún más a las familias en Baleares, que tendrán que soportar un coste adicional medio de unos 100 euros sólo por el consumo de agua embotellada”, según Aurelio del Pino, representante de Aces. Según los datos que barajan estas entidades, una botella de agua de 1,5 litros tendría un aumento del 22% en el precio por lo que una familia de 4 personas que consumiera sólo 4 litros al día pagaría unos 100 euros más al año. En el caso de las latas de bebida, el incremento de los precios ascendería al 9% por unidad. Teniendo en cuenta el consumo medio de bebidas envasadas de una familia al año, el impacto medio no sería inferior a 400 euros al año. Además, estas subidas también se verían reflejadas en el Índice de Precios al Consumo (IPC). “Las empresas han tenido que asumir en un corto plazo de tiempo la subida del IVA y de otros impuestos locales, con lo que es imposible que puedan también dejar de repercutir este sobrecoste en el consumidor”, ha afirmado Antonio Barrón, de Ecoembes.
Estos datos demuestran que es una medida exclusivamente recaudatoria que discrimina al consumidor local frente al de otras zonas del país, por lo que el interés turístico de las Islas se puede ver afectado. Además, afectaría especialmente a los 4.000 establecimientos locales de comercio de alimentación, y a cerca de sus 15.000 empleos. Todas las empresas representadas en estos colectivos, que representan alrededor del 15% del PIB de Baleares, ya cumplen los objetivos ambientales establecidos por la legislación de la Unión Europea. La industria balear de alimentación y bebidas, en su inmensa mayoría Pymes y cooperativas, también se vería discriminada y perjudicada por esta medida que afecta directamente a su competitividad. Los representantes de las entidades han manifestado tras su encuentro con Aguiló que “esperamos que el Govern reflexione sobre este proyecto, ya que si no se plantea dar marcha atrás, las empresas instaladas en Baleares pueden plantearse su viabilidad y su futuro en esta región”, ha destacado Paloma Sánchez, de Fiab.
