El comercio ilegal de gases refrigerantes y sus dimensiones sigue siendo una cuestión poco conocida entre el público general. Sin embargo, las cifras ponen en evidencia los obstáculos que este mercado negro plantea para alcanzar los objetivos medioambientales de la Unión Europea y sus estados miembros. La cadena de valor de la industria del frío y la refrigeración –que impacta en sectores clave de la economía española como pueden ser la alimentación, la automoción o la hostelería y el turismo– debe implicarse en la lucha contra los gases refrigerantes ilegales si queremos atajar esta problemática. La campaña #SayNoToIllegalHFCs –que en español es un “Di no a los HFC ilegales”– lanza una invitación a la industria y a la ciudadanía para participar de este compromiso.
Los HFC son gases empleados en sistemas de refrigeración y aires acondicionados, bombas de calor, extintores, aerosoles y disolventes, entre otros, que en su día lideraron la transición de la industria hacia tecnologías más sostenibles. Ahora, son estos gases los que deben dejando paso a una nueva generación con menor impacto ambiental –esto es, con un potencial de calentamiento global inferior– y es responsabilidad de un amplio abanico de actores, públicos y privados, garantizar que así sea.
En 2015 entró en vigor el reglamento F-Gas, que regula las importaciones de los gases HFC en los países de la UE mediante cuotas y que responde al objetivo de reducir su uso en un 80% en vistas al año 2030. Sin embargo, la entrada en vigor de esta normativa derivó en un crecimiento del comercio ilegal de estos gases, mediante el cual se evade el sistema de cuotas y acceden a los mercados europeos gases refrigerantes que quedan fuera del registro. Esto tiene consecuencias medioambientales –en la medida en que se menoscaban los esfuerzos regulatorios del F-Gas–, pero también tiene un impacto económico para el conjunto de PYMES que sí importan estos gases bajo el sistema de cuotas establecido y que, además, en el caso de España, deben hacer frente al impuesto sobre gases fluorados.
“Es imprescindible la responsabilidad de distribuidores y mayoristas de contar con proveedores responsables y acreditados”
Se calcula que el mercado negro de HFC importados ilegalmente en Europa en 2018 aportó hasta 34 millones de toneladas equivalentes de CO₂. Esta cifra es comparable a un tercio del mercado legal o a lo que supondrían 25 millones de coches nuevos en las carreteras de la UE. El contrabando ilegal de HFC está incentivado por la falta de aplicación de la ley. Las organizaciones delictivas consideran la posibilidad de una multa simplemente como un coste de la actividad empresarial. Un coste marginal en comparación con los beneficios que se pueden obtener.
Por todo esto se ha lanzado una campaña europea que, bajo el lema #SayNoToIllegalHFCs, que invita a todos los agentes implicados en la cadena del frío a comprometerse con la lucha contra el comercio ilegal de gases HFC. La iniciativa está promovida por el Comité Técnico Europeo para los Gases Fluorocarbonos –conocido por sus siglas en inglés EFCTC y perteneciente al Consejo Europeo de Federaciones de la Industria Química (CEFIC)– y lanza el envite a productores, importadores, distribuidores y contratistas, incluidos los usuarios finales, de ponerse de su parte para detectar y denunciar los productos ilegales cuando les sean vendidos -negándose a comprarlos-, reparen o vendan.
En el caso de la industria alimentaria, el rol de los contratistas –que serán quienes instalen las neveras en las instalaciones frigoríficas o supermercados, por poner un ejemplo– es clave para garantizar que el suministro de HFC para los equipamientos cumple con las cuotas impuestas por el reglamento F-Gas. También es imprescindible la responsabilidad de distribuidores y mayoristas –entre ellos cadenas de supermercados y actores del sector de la restauración y la hostelería– de contar con proveedores responsables y acreditados, así como denunciar actividades sospechosas. Para ello tienen a disposición una línea de reporte a través de la cual denunciar, de manera anónima, casos de comercio ilegal detectados o bien actividades sospechosas
Este “Di no a los HFC ilegales” tiene el objetivo de mostrar a las autoridades y organismos regulatorios cuántas empresas y personas están afectadas por el comercio ilegal para que aborden el problema, intensifiquen la aplicación de la ley y garanticen que las sanciones sean ejemplares. De este modo se contribuirá a desincentivar las malas prácticas, a garantizar el cumplimiento del sistema de cuotas acordado por la UE y, por ende, a alcanzar las metas de reducción en el uso de HFC impuestas para 2030.
Ahora es el momento de actuar. En enero de 2021 habrá una nueva reducción de la cuota de HFC permitidos y esto hará contraer el mercado legal hasta el 45% del punto de referencia de 2015. Esta limitación abre una “oportunidad” para que aquellos que satisfacen la demanda de manera ilegal hagan crecer el mercado negro. Tenemos una herramienta con la que frenar esta posibilidad y fomentar la cooperación y colaboración entre los actores.
