Aral Digital.- El proceso de trasposición de la Directiva de Servicios va a ser clave para el desarrollo futuro del sector de la distribución. “El Estado tiene que garantizar que, en las normas de trasposición, se cumplan los objetivos de la Directiva de Servicios en todos los niveles de administración tanto en la autonómica como en la local. El Estado tiene que garantizar también que haya mecanismos de defensa jurídica de las empresas frente a la aplicación de procedimientos que sean contrarios a la normativa europea”, así lo considera Aurelio del Pino, director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES).

Para Aurelio del Pino “entendemos que nos encontramos en un momento clave. Los costes administrativos para las empresas de distribución comercial son muy elevados y responden a razonamientos de carácter político o administrativo que son contrarios a los principios de libertad de establecimiento que se recogen en los tratados de la UE y en la Directiva de Servicios. No deben ser las administraciones, sino los consumidores con sus decisiones de compra, los que decidan qué modelo comercial prefieren” y confirma, “el sector debe de desarrollarse de acuerdo con una lógica económica y de mercado y no de acuerdo con una lógica administrativa o política”.

Según el director general de ACES, “los poderes públicos tienen que aprovechar la trasposición de la directiva para racionalizar los procesos para la concesión de las licencias de apertura y otras autorizaciones administrativas. Hay que eliminar de la legislación todas las exigencias que no estén justificadas por razones de interés general y que sean discriminatorias y no proporcionales”.

Por ello, considera que “el objetivo de la regulación debe ser el de facilitar la apertura y la competencia en los mercados, como única vía para que las condiciones de la oferta sean las mejores para el consumidor”.