Las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña y Andalucía están estudiando la base jurídica que puede existir para recurrir ante el Tribunal Constitucional la liberalización de horarios comerciales aprobada el pasado viernes por el Gobierno. Los tres ejecutivos autónomos consideran que la medida del Gobierno central vacía de contenido la competencia exclusiva sobre regulación comercial contemplada en sus respectivos estatutos.