ARAL Digital.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha pedido a Leroy Merlin que cumpla en España con los plazos de pago a proveedores establecidos en la Ley de Morosidad 15/2010 (85 días como máximo en 2011, y 75 en 2012), tal y como lo hace en Francia, “ajustándose en el país vecino a unos periodos legales incluso más cortos que los españoles, con 45 días a partir del día de pago, es decir 60 días como límite”, según el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete.

Así lo ha manifestado la entidad, tras conocer que el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona ha desestimado la práctica de las diligencias preliminares que solicitó la entidad, por las que se pedía que Leroy Merlin exhibiera sus modelos de contratos con proveedores, para evidenciar el incumplimiento de los plazos de pago legales, al entender el juez que la solicitud no entra dentro de la preparación del futuro proceso y que debe realizarse en el periodo probatorio del mismo y no con anterioridad a su inicio, no comportando esta resolución aceptación alguna del régimen de aplazamiento de pagos que practica actualmente Leroy Merlin, ya que el pronunciamiento sobre la legalidad de dicha práctica se solicitará en la demanda judicial pertinente.

Ante este hecho, y haciendo uso de la facultad que le otorga la nueva Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y con el ánimo de mediar en la solución del conflicto, la PMcM ha manifestado estar dispuesta a continuar con el procedimiento judicial contra Leroy Merlin y contra todas aquellas empresas incumplidoras de la Ley de Morosidad 15/2010, “hasta donde los asociados quieran llegar, porque el que el juez la haya desestimado no significa que apoye la legalidad del régimen de aplazamiento de pagos que practica la compañía francesa; sólo se trata de una parte previa del proceso judicial que no impide interponer la demanda pertinente”, afirma.

“Desde la PMcM exigimos la necesidad de respetar y aplicar con rigurosidad la normativa vigente de morosidad, y confiamos en que las acciones judiciales emprendidas puedan finalmente coadyuvar a que el objetivo de erradicar la dilación en el plazo de pago se cumpla, acercándonos así cada vez más a los plazos de cobro de nuestros colegas europeos”, señala Cañete. En este sentido, propone “crear un régimen sancionador”, pero también manifiesta la “importancia de impulsar figuras no coercitivas (como la del mediador) y mecanismos más ágiles (como los Tribunales de Comercio), tal y como se han puesto en marcha en Francia con total éxito, para no tener que llegar a la judicialización de los conflictos por motivo de impagos”, añade.