La reclasificación del IVA reducido de un 10% a un 21% que el "Informe Lagares" propone al Gobierno tendría un efecto negativo sobre los presupuestos de las familias y sobre el conjunto del consumo, según se ha vuelto a poner de manifiesto en una rueda de prensa durante la feria Alimentaria en la que han estado presentes Ignacio García Magarzo, director general de Asedas; José María Bonmatí, director general de Aecoc; Horacio González Alemán, director general de Fiab; Juan Ignacio Diaz, secretario general de Fehrcarem; y Aurelio del Pino, director general de Aces y que también apoyan Anged, la Confederación Española de Comercio, Cooperativas Agro-Alimentarias y fehr.
Según éstos, "no sólo los productos de alimentación a los que subiría el IVA se verían afectados, sino también el conjunto de la cesta de la compra y todos aquellos productos y servicios no considerados de primera necesidad (droguería e higiene, equipamiento del hogar, ropa, calzado, electrónica, juguetes, alimentación fuera del hogar y bebidas con contenido alcohólico)".
Los datos de una encuesta recientemente elaborada por el sector indican que el 98% de los consumidores reduciría su consumo en caso de subirse el IVA. Además, por edades, los más afectados serían los consumidores de entre 25 y 34 años que, según afirman, recortarían su gasto prácticamente en todos los sectores, excepto en transporte y alimentación. Y es que el paso de un tipo reducido de un 10% a un 21% afectaría a casi el 65% del gasto total en alimentación e implicaría un gasto adicional de casi 600 euros al año por familia -según el informe de una organización de consumidores; una cantidad difícilmente asumible en el actual escenario económico y que, en la mayoría de casos, obliga a recortar otras partidas de gastos.
Además, según un estudio recientemente encargado por las organizaciones que representan al gran consumo y la hostelería, de producirse este escenario se registraría una caída de la producción de entre el 4,3% y el 6,2% (22.904 millones de euros) y se destruirían más de 155.000 empleos en nuestro país. De hecho, los datos demuestran que la última subida de IVA e impuestos sobre bebidas con contenido alcohólico provocó la bajada de producción, consumo y recaudación tributaria.
Las organizaciones del sector, presentes en la rueda de prensa en el marco de la Alimentaria, han valorado muy positivamente la opinión expresada por el ministro de hacienda de no subir ni reclasificar el IVA señalando que "instamos al gobierno a defender ante Europa la imposibilidad de seguir incrementando los impuestos indirectos sin poner en riesgo el consumo y la creación de empleo. Además, en el marco actual, proponen una reforma fiscal que fomente, en lugar de penalizar, la actividad empresarial y que permita reanimar el consumo interno".
Los representantes de las asociaciones en la rueda de prensa han insistido también en que subir el IVA no es la solución y que los ingresos del Estado podrían llegar por la vía de atajar el fraude por lo que han indicado la oportunidad de que el Gobierno encargue informes a expertos en esta materia para encontrar las soluciones más idóneas en lugar de gravar al consumidor con nuevas subidas impositivas.
