AMDPress.- El Servicio de Defensa de la Competencia ha archivado la denuncia que el pasado mes de diciembre presentó la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) contra las empresas de distribución El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour y Mercadona.

La denuncia de la FIAB acusaba a las cuatro empresas de haber acordado la implantación de un determinado sistema de seguridad antihurto y de instar a sus proveedores, bajo notificación notarial, a que los instalen en todos sus productos.

El acuerdo no llegó a ponerse en práctica, ya que las cuatro empresas se retractaron del mismo, lo que ha llevado al SDC a archivar la denuncia. No obstante, el SDC estima que la decisión conjunta de los distribuidores de unificar exigencias “es un acuerdo entre competidores de fijación de condiciones comerciales, prohibido en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia”. Ante la resolución del SDC, la FIAB podría presentar un recurso ante el Tribunal de Defensa de la Competencia.

La carta enviada a los proveedores el 19 de junio de 2002 por las cuatro compañías señalaba que “desde hace años la distribución comercial española viene sufriendo los efectos de la pérdida desconocida”, que se cuantifica según AECOC en unos 1,5 millones de euros, en torno a un 1,25% de las ventas de los distribuidores.

La carta continuaba diciendo que, para solucionar este problema, las cuatro cadenas firmantes habían puesto en marcha “el proyecto de protección electrónica de artículos mediante sistemas de radiofrecuencia digital. La fase de instalación de sistemas en todos los puntos de venta ya ha concluido y ahora necesitamos su máxima colaboración para la puesta en marcha de los programas de protección en origen”.

Así, los distribuidores pretendían que “todos aquellos productos que por su tamaño, costo, valor estratégico e importancia en el índice de hurto así lo justifiquen”, fuesen entregados al canal de distribución “debidamente protegidos con etiquetas de radiofrecuencia desactivables de 8,2 Mhz”.

Las empresas proveedoras afirman haberse sentido presionadas por estas cuatro compañías distribuidoras y consideran que se ha intentado trasladar el problema de los hurtos a su sector cuando es un problema que afecta fundamentalmente al distribuidor.