La presión normativa sobre el comercio se ha mantenido muy alta durante todo el año 2021, señalan desde Asedas (Asociación Española de Empresas de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados). Los establecimientos comerciales han tenido que aplicar 7,5 normas nuevas cada día, un total de 2.743. De ellas, 2.025 han estado relacionadas con la pandemia Covid-19, lo que arroja una media de 5,5 normas diarias en este ámbito. Estas cifras suponen una ligera mejoría respecto al año 2020, cuando el comercio soportó un total de 3.276 normas nuevas -8,9 diarias-, pero están muy lejos de las registradas en el año 2019, que ascienden a 476 -1,3 normas diarias-.

Ignacio García Magarzo: “La vuelta a la normalidad normativa bajo los principios de confianza y racionalización es urgente para liberar recursos tanto de las empresas como de las administraciones públicas con medidas como, por ejemplo, la práctica del silencio positivo"

Para Asedas, este importante incremento normativo, que se prolonga durante dos años y que afecta a la legislación europea, nacional y autonómica, está suponiendo un gran esfuerzo económico y de personal para las empresas de distribución, que han debido dedicar una gran cantidad de recursos administrativos y técnicos al seguimiento de las nuevas normas y a su aplicación. Por ejemplo, ya en el año 2022, la gestión de las bajas laborales derivadas de la sexta ola de la pandemia y la adaptación a los diferentes criterios que se han aplicado, ha supuesto para algunas empresas la necesidad de triplicar el personal administrativo dedicado a ello.

Desde Asedas se confía en que la evolución de la crisis sanitaria, acompañada del alto índice de vacunación existente en España, permita reducir esta presión normativa en las próximas semanas.

“El comercio en general y la distribución alimentaria en particular han demostrado desde los primeros momentos de la pandemia una gran responsabilidad a la hora de aplicar las medidas de seguridad necesarias para la protección de clientes y empleados, a menudo adelantándose a la legislación. Por lo tanto, la vuelta a la normalidad normativa bajo los principios de confianza y racionalización es urgente para liberar recursos tanto de las empresas como de las administraciones públicas con medidas como, por ejemplo, la práctica del silencio positivo”, según ha indicado Ignacio García Magarzo, director general de Asedas.

Las normativas aplicadas a la Covid alcanzan un coste para el comercio de 514 millones de euros, según el informe Nuevos costes soportados por el sector comercial en España publicado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE en marzo de 2021.

Ignacio García Magarzo: "Nos preocupa la carga normativa, en muchos casos asociada a nuevos impuestos, que se pretende aplicar a través de varios proyectos legislativos en tramitación"

De cara al futuro, preocupan, sin embargo, los costes asociados a otras reglamentaciones, especialmente las relacionadas con el medioambiente, que están en periodo de discusión parlamentaria. Se trata del impuesto a los envases de plástico no reutilizable, que podría suponer para las empresas un coste de 245 millones de euros, o el impuesto al depósito en vertedero, que alcanzaría 16 millones de euros. A ellos, hay que sumar los costes que ya se están soportando, como la tasa Sandach de residuos orgánicos, que asciende a 130 millones de euros, la sustitución del plástico de un solo uso, que suma 42 millones de euros, o el impuesto a gases fluorados que ha costado 33 millones de euros y que se puede ampliar en un futuro próximo. Además, los costes soportados directamente por el consumidor son también importantes, como el incremento del IVA en las bebidas azucaradas, que alcanza 220 millones.

“El sector ha asumido los costes sobrevenidos a consecuencia de la pandemia dentro su responsabilidad hacia la sociedad como sector esencial para garantizar el abastecimiento a la población de todos aquellos productos que necesitan aún en los momentos más complicados”, añade Ignacio García Magarzo. “Sin embargo, nos preocupa la carga normativa, en muchos casos asociada a nuevos impuestos, que se pretende aplicar a través de varios proyectos legislativos en tramitación. Esto podría afectar a la sostenibilidad económica, social y medioambiental del modelo de distribución alimentaria que tenemos en España y que es capaz de asegurar el acceso a una alimentación variada, completa, segura y a precios competitivos a menos de 15 minutos de la gran mayoría de los consumidores”.