La propuesta de regulación de la cadena agroalimentaria presentada el pasado 12 de abril por el Comisario Europeo de Agricultura, Phil Hogan, pretende prohibir determinadas prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos en todos los Estados miembros, pero "lo hace de una forma discriminatoria y poco eficaz", según la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

El texto propone regular las prácticas comerciales supuestamente desleales en las operaciones de compra a productores primarios, cooperativas, organizaciones de productores, industrias y resto de operadores de la cadena, siempre y cuando el vendedor sea pyme y el comprador no lo sea. "Este hecho convierte la propuesta en una norma poco equilibrada y de consecuencias prácticas poco eficaces además de injustas. La Directiva da por hecho que las prácticas comerciales son unidireccionales -del comprador al vendedor- y, por tanto, deja desprotegidos, por ejemplo, a muchos pequeños distribuidores, frente a los posibles abusos de los grandes grupos industriales, que han sido sancionados en el pasado con frecuencia por autoridades de la competencia de distintos Estados miembros, entre ellos España", tal y como indican desde Asedas.

Asimismo, desde la Asociación apuntan que "según el texto presentado la semana pasada, quedarán prohibidas la modificación unilateral de un contrato por parte del comprador, pero no por el vendedor, así como la cancelación de pedidos de productos perecederos sin que el vendedor tenga una vía de comercialización alternativa, pero no la negativa a suministrar un producto previamente contratado, produciendo una falta de suministro frente a la que el comprador, en ocasiones, resulta gravemente perjudicado".

Con objeto de proteger a las pymes alimentarias y agrícolas, la futura Directiva prevé también la imposición de sanciones en caso de incumplimientos probados y autoriza a publicar las sanciones a las Autoridades de Control de los Estados miembros. Sin embargo, Asedas apunta que "el texto no tiene en cuenta la exigencia de que dichas sanciones sean firmes, lo que puede generar situaciones injustas y perjudiciales para los operadores afectados en el caso, frecuente, de que dichas sanciones sean anuladas por los tribunales".

A pesar de que esta norma incluye algunas prácticas no recogidas en la legislación española, la Ley 12/13 para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Agroalimentaria, el ámbito de dicha Ley es mucho más amplio, ya que afecta a todas las operaciones comerciales que se produzcan en cualquier punto de la cadena. "La legislación española es, por tanto, más equilibrada y menos discriminatoria que la propuesta comunitaria que, para nuestro país, supondría, por tanto, un retroceso", aseguran desde Asedas.

En opinión de Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, "si se aprueba este texto tal y como lo hemos conocido, la nueva norma permitirá, por ejemplo, que los vendedores puedan aplicar prácticas comerciales abusivas sobre los compradores con total impunidad, por lo que en la cadena alimentaria europea habrá empresas que podrán competir dopadas mientras a otras se las somete a estrictos controles anti-doping".

En definitiva, la propuesta de la Comisión, tal y como se ha presentado, "puede provocar situaciones de competencia desleal entre los diferentes operadores y, en algunos casos, restará competitividad a las empresas más perjudicadas por su aplicación, al tiempo que no será eficaz para resolver los problemas de los productores. Es preciso tener en cuenta que una regulación parcial como la que se ha presentado no puede tener, en ningún caso, un efecto positivo ya que las posibles malas prácticas no son una consecuencia del tamaño, del peso en el mercado, ni de la posición de los operadores, como parece presumir la propuesta de Directiva".

Y añaden que "en el caso de España, es preciso valorar de manera positiva las mejoras que se han producido en los últimos años en el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, que ha conseguido altos grados de eficiencia de todos los componentes para satisfacer las demandas de los consumidores. Ello ha sido compatible con los esfuerzo de toda la cadena por la ayudar a los productores a equilibrar precios en origen con costes reales o luchar contra las malas prácticas, tanto mediante la regulación, como la autorregulación, plasmados en el Código de Buenas Prácticas en la contratación alimentaria, aprobado en noviembre de 2015 y que está empezando a desplegar sus efectos sobre la cadena. Todo ello, en todo caso, sin perjudicar la competitividad de la misma, lo, que equivaldría a hacer pagar al consumidor por dichas ineficiencias".

"En nuestra opinión, la propuesta del Comisario Hogan, de aprobarse, puede provocar situaciones de competencia desleal entre los diferentes operadores de la cadena agroalimentaria europea, restará competitividad a las empresas más perjudicadas por su aplicación y, al mismo tiempo, no será eficaz para resolver los problemas de los productores, objetivo inicial de la misma que parece haberse relegado a un segundo plano", asegura García Magarzo.