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Alimentación

Asedas cree que la Ley contra la Morosidad no le “afecta sustancialmente”

Aral Digital.- La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha indicado que la aprobación de la Modificación de la Ley de Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales no afecta sustancialmente al régimen de pagos de sus empresas, ya que la mayoría de las nuevas reglas que afectarán a otros sectores están ya contenidas en la vigente Ley de Comercio.

Así, por ejemplo, la distribución alimentaria sólo tendrá que seguir cumpliendo su actual régimen legal para pagar los productos frescos en un máximo 30 días, como viene haciendo desde 1999. “En realidad, esta nueva Ley viene a poner fin a una discriminación que sufría el comercio”, indica la asociación, “ya que, mientras la distribución alimentaria, que sólo compra directamente el 25% de la producción agraria española, estaba obligada a pagar a los agricultores a 30 días, el resto de los sectores no tenían un plazo máximo de pago”. Además, la distribución también paga –desde 2004- contando el plazo a partir de la 'recepción de la mercancía', que es otra de las principales novedades de esta Ley que afectarán a los demás sectores.

Por otra parte, aclara que la cláusula 'salvo pacto entre las partes' no estaba vigente para el comercio de alimentación, puesto que la Ley ya fija un plazo máximo, tanto para el fresco (30 días), como para el producto envasado (60 días). En este último caso, cualquier aplazamiento por encima de ese límite debía llevar aparejada una compensación económica, acreditada en la factura.

Este régimen, recuerda Asedas, “ha sido consagrado por el Tribunal de Luxemburgo, que lo consideró adecuado al Derecho Comunitario. Por ello, si ahora deben reducirse los plazos de pago, como consecuencia de la nueva Ley, el esfuerzo mayor lo deberán hacer otros sectores y no la distribución”.

Finalmente, Asedas se ha mostrado “plenamente confiada” en que el compromiso que han manifestado los grupos que han apoyado esta reforma respecto al desarrollo de un régimen sancionador común para todos los sectores, “asegurará que el nivel de exigencia sea el mismo para todos y las autoridades se ocuparán de que todas las empresas, y no sólo las de la distribución, cumplan esta nueva norma”.

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