AMDPress.- El Gobierno está estudiando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Comercio Minorista de las Islas Baleares por contradecir dos normas estatales, la Ley de Comercio Minorista de 1996 y el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en los mercados de bienes y servicios.

Según el Ejecutivo nacional, la ley balear, aprobada el pasado junio, no puede regir la actividad comercial porque va en contra de la norma nacional en varios puntos. El primero y principal aspecto de choque es la limitación del horario comercial. La legislación del gobierno presidido por Francesc Antich impone un máximo de 72 horas semanales, mientras que el Decreto-Ley establece un mínimo de 90 horas. Otros artículos conflictivos de la norma balear son los que instauran el principio de inhabilidad de domingos y festivos y la consideración del comercio como prestación de servicios.