Revista
Ante la posible entrada en vigor el próximo 1 de enero del Impuesto Especial a los Envases de Plástico, tal y como se plantea en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, así como las asociaciones empresariales AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, FIAB, ADELMA, STANPA y EsPlásticos, consideran que no es el momento de aplicar un nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor.
Las organizaciones agrarias coinciden en señalar que “la cadena agroalimentaria no puede permitirse un nuevo paro del sector del transporte por carretera”.
Desde Anged han lanzado un nuevo Barómetro #Topcommerce, con la colaboración de siete economistas y expertos empresariales, para contribuir al debate en torno a las medidas para aliviar el fuerte impacto de la inflación sobre los costes y márgenes de las empresas.
Esta medida, que habían reclamado tanto las organizaciones empresariales como las no gubernamentales, supone la eliminación de una importante barrera para la donación de productos a gran escala y contribuirá a alcanzar los objetivos de reducción de residuos.
Las organizaciones que integran al conjunto de la cadena de valor del gran consumo y la hostelería (más de 30.000 compañías) han reclamado, en rueda de prensa, sentido de urgencia y responsabilidad tanto al gobierno como a los transportistas convocantes del paro que actualmente está colapsando la circulación de materias primas y productos en toda España.
Ante el agravamiento del paro del transporte, las asociaciones que integran a la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo -Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-Alimentarias y Fiab- alertan de que la situación ya es, en estos momentos, insostenible e instan a acabar inmediatamente con un conflicto que está teniendo elevados costes para la economía y el conjunto de la sociedad.
El recrudecimiento de las acciones de los convocantes del paro del transporte que, desde el pasado lunes, trata de paralizar el país está teniendo un efecto devastador sobre toda la cadena de suministro de alimentación (sector primario, industria, transporte y distribución), con pérdidas que ya alcanzan los 600 millones de euros, ponen en peligro más de 100.000 puestos de trabajo y están perjudicando especialmente a sectores igualmente afectados por el actual escenario inflacionista.
El gran consumo entiende la complejidad del escenario, pero cree que no es momento de paralizar el país sino de colaborar en la búsqueda de soluciones
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) ha ofrecido por carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la posibilidad de que los test de antígenos puedan comenzar a venderse en su red de establecimiento comerciales, conformada por miles de tiendas en toda España.