Tras el reciente anuncio por parte del Gobierno de un ambicioso calendario de vacunación, las organizaciones que representan al conjunto de la cadena de valor del gran consumo -ACES, AECOC, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agro-Alimentarias y FIAB- desean recordar al Ejecutivo que, de acuerdo a ese carácter de esencialidad, es imprescindible que sus profesionales tengan un acceso prioritario al plan de vacunación, ahora que el suministro masivo de vacunas parece estar garantizado.

Tal como han explicado los responsables de las distintas organizaciones durante una rueda de prensa virtual, en un contexto de escasez de vacunas, el sector se ha mantenido pacientemente a la espera, dado que era lógico que se priorizase a otros colectivos en función de criterios de riesgo o de edad. Pero, tras el anuncio de que nuestro país recibirá 38 millones de vacunas durante este trimestre, las asociaciones creen que ha llegado el momento de proteger a los alrededor de 2,3 millones de personas que trabajan en la cadena de valor (sector primario, industria y distribución) del gran consumo.

Según se ha explicado en la presentación a los medios de comunicación, se trata de mantener una postura coherente con lo declarado desde el inicio de la crisis sanitaria y también de garantizar el pleno funcionamiento de servicios esenciales en los que el teletrabajo -que se puede aplicar en otros sectores- no es posible, puesto que, en la mayoría de los casos, exigen presencia física para ser desarrollados.  

La colaboración público-privada permitiría liberar de presión asistencial a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas

Para los representantes del sector, es imprescindible, por tanto, que, en ese calendario de vacunación que está diseñando el Gobierno, se considere el carácter esencial del sector del gran consumo en su conjunto, así como la presencialidad que obligatoriamente exigen buena parte de sus puestos de trabajo, en especial en la distribución, para adelantar el proceso de inmunización.

En este contexto, las empresas del sector recuerdan su ofrecimiento de colaborar con el sistema público de salud, poniendo a disposición todos sus medios disponibles para tratar de contribuir a agilizar el proceso de vacunación y conseguir lo antes posible los altos porcentajes de “inmunización” anunciados por el Gobierno. No hay que olvidar que acortar al máximo el tiempo de vacunación es clave para conseguir la inmunidad de “rebaño” que permita recuperar cuanto antes la actividad económica y social del país.   
 
Sólo ganar velocidad va a permitir frenar antes la crisis sanitaria y minimizar su impacto económico, por lo que las empresas ofrecen a las Comunidades Autónomas un plan de apoyo para la administración de las vacunas por varias vías:  A través de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, a través de los servicios sanitarios de las empresas y mediante la contratación voluntaria de los medios externos necesarios para vacunar a sus trabajadores.

Es importante destacar que buena parte de las compañías del sector disponen de gran número de centros repartidos por todo el país para poder vacunar y que también las cooperativas agro-alimentarias pueden contribuir notablemente a dotar al plan de la capilaridad necesaria para que ningún colectivo o zona quede relegada en el plan de vacunación. Asimismo, algunas empresas del sector disponen de experiencia previa en grandes campañas anuales de vacunación, por lo que pueden acreditar su solvencia técnica para colaborar en el plan con las autoridades sanitarias.   

Por ello, las organizaciones del sector consideran que el papel de las empresas es vital para sumar recursos al sistema público de cara a salvaguardar la salud del mayor número posible de personas y evitar costes innecesarios que permitan avanzar en recuperación social y económica del país, siempre bajo la tutela de las administraciones que gestionan el plan de vacunación.

En cualquier caso, las organizaciones consideran que, sea cual sea el modelo escogido, en la cadena de valor del gran consumo los planes de vacunación deberían realizarse en estrecha colaboración con las empresas, a los efectos de poder adaptarlas a las circunstancias de los distintos centros de trabajo y poder gestionar adecuadamente las posibles bajas e incidencias de cara a poder mantener y garantizar el buen servicio al consumidor y al conjunto de la sociedad.