La asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, AEFYT, que representa el 70% de la actividad de la industria del frío en España, vive con preocupación la llegada del año 2017, ya que desde enero comenzará a aplicarse el 100% del impuesto sobre gases fluorados.

La enmienda que recogían los presupuestos de 2016, y que mantenía el tipo impositivo congelado, tiene fecha de caducidad, y AEFYT insiste ante el nuevo Gobierno en la necesidad de derogar el tributo o, como mínimo, en el mantenimiento del 0,33 del tipo impositivo vigente en 2014. De lo contrario, aseguran, el sector del frío podría sufrir una seria contracción.

Los argumentos de la asociación destacan que la comercialización de productos alternativos a los gases fluorados llevaría un tiempo y que, aunque ya existen sustitutos seguros y más eficientes, la financiación es un problema para muchas instalaciones.

Para Roberto Solsona, presidente de AEFYT, "se hace urgente la derogación del impuesto sobre gases fluorados ya que, a partir del año 2017, este impuesto será totalmente inviable para las empresas. Hay que tener en cuenta que muchos de los gases disponibles utilizados en la actualidad se verán gravados por un impuesto que supone hasta ocho veces más que el propio valor del gas".

Para AEFYT, la derogación del impuesto es fundamental de cara a asegurar una armonización con el resto de los países de la Unión Europea. España es, junto con Dinamarca, una excepción en la UE, a lo que además se suma el hecho de que en nuestro país las necesidades de refrigeración y climatización son mucho más exigentes que en el centro y norte de Europa. En otros países, como Australia y Eslovenia, lo han retirado; mientras que Francia decidió no ponerlo en marcha.