ARAL Digital.- Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha señalado que con los dos anteproyectos aprobados en Consejo de Ministros, uno para fomentar la integración cooperativa y otro para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, “el Gobierno afronta una reforma estructural muy potente en este sector”. La importancia del sistema agroalimentario pesa en el Producto Interior Bruto nacional (casi un 7,8%), además de generar casi 1,8 millones de puestos de trabajo. Además, se trata de un sector muy innovador y competitivo, con un incremento de sus exportaciones, lo que contribuye a la reducción del déficit comercial.
El anteproyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario viene a regular la situación de un sector “muy importante” en el marco de la estructura productiva agraria española, con más de 4.000 cooperativas, pero que está
muy atomizado. Por ello, se va a establecer un Plan Nacional de Integración Cooperativa, para coordinar las políticas de fomento asociativo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, junto con el sector. También se creará la Entidad Asociativa Prioritaria, con un ámbito de actuación supraautonómico, con capacidad de comercialización conjunta de la totalidad de la producción.
Al mismo tiempo, Arias Cañete ha explicado que se hacía necesario conseguir el equilibrio de la cadena alimentaria, ya que la gravedad del problema de la bajada de precios de los productores ha hecho que “no esperemos a la legislación comunitaria sino que hayamos anticipado una legislación nacional, que la propia Comisión Europea y muchos Estados Miembros están solicitando”. El proyecto de ley establece la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios; prohíbe determinadas prácticas comerciales, como modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos comerciales no previstos; y regula otras, como el suministro de información comercial sensible, la gestión de marcas y las subastas electrónicas. Junto a esto, se establece un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos, así como un registro estatal de los operadores adheridos.
Fiab, a falta de analizar el texto en detalle, ha acogido positivamente el anteproyecto de ley, y considera que la nueva ley, orientada a mejorar las relaciones entre los diferentes agentes de la cadena alimentaria, permitirá crear valor y seguridad jurídica en el sector, al tiempo que beneficiará al consumidor. Fiab apoya la iniciativa del gobierno para el establecimiento de un sistema de infracciones y sanciones contra posibles prácticas desleales, abusivas o anticompetitivas. Para la industria alimentaria, el texto final de la ley debe garantizar la confidencialidad de los denunciantes, de tal manera que las organizaciones del sector puedan advertir de infracciones en nombre de sus representados para evitar potenciales represalias.
Según Horacio González Alemán, director general de Fiab, “desde Fiab siempre hemos abogado por construir una verdadera cadena de valor y unas relaciones sostenibles y pro competitivas entre sus integrantes, promoviendo así un modelo agroalimentario eficiente y transparente, construyendo un sistema económico líder, y albergando una producción variada, de calidad y apreciada por los consumidores. Es importante que tengamos un marco equilibrado, lógico y justo sobre todo en un momento en el que el mercado nacional pasa por un momento difícil”, añade González Alemán.
Por su parte, el director general de Aces, Aurelio del Pino, ha comentado “consideramos que esta es una primera propuesta que tiene que ser sometida a todos los agentes implicados, ya que hasta ahora no hemos podido proponer una orientación alternativa; tan sólo conocemos la reseña y las síntesis que ha transmitido el Ministerio por lo que el texto necesariamente tendrá que ser objeto de cambios y mejoras. No obstante, entendemos que son las reglas de funcionamiento del mercado las que pueden conseguir la mejor asignación de recursos y que cualquier intervención en la libertad de los agentes económicos, debe ser muy justificada, proporcionada y no discriminatoria”.
“En Aces -prosigue-, venimos colaborando intensamente en los últimos años con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las Comunidades Autónomas y las asociaciones de la cadena agroalimentaria para tratar de mejorar la información y la eficiencia de la cadena de valor. La distribución organizada ha tenido hasta la fecha un papel muy importante en la modernización de nuestra economía y apuesta por un tejido de producción agraria estructurado y estable”.
