Asucova (Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana) y Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), han enviado a los Ministerios de Presidencia, Economía y Comercio, Hacienda, Agricultura, Pesca y Alimentación, Transición Ecológica y Política Territorial y a las Autoridades Autonómicas, una declaración en la que se recogen varias medidas para la recuperación de las zonas afectadas por la Dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia. Este documento nace del análisis de la situación pasado un mes de la tragedia.

Los efectos catastróficos de lo que se ha calificado como el mayor desastre natural de la historia de España hacen que las empresas de distribución pongan el foco, en primer lugar, en un llamamiento para que las cuatro administraciones del Estado (UE, estatal, autonómica y local) insistan en las medidas de atención preferente y urgente a los damnificados, incluyendo al comercio especializado. “Necesitamos al pequeño comercio, con el que compartimos las calles y las plazas de las ciudades, los pueblos y los barrios afectados”, afirman. “Nos unimos a sus representantes para reclamar ayudas directas y urgentes para que los pequeños empresarios puedan retomar su actividad lo antes posible”.

De 226 tiendas que operan en la zona, 88 han resultado dañadas y 39 registran la pérdida total de sus equipamientos, con daños estimados hasta el momento en unos 95 millones de euros

La Declaración incluye un compromiso para la acción por parte de las empresas de Asucova y Asedas: “nos sentimos unidos a todos los afectados y comprometidos a aliviar su dolor en todo lo que esté en nuestra mano”. Por ello, todas las empresas han puesto en marcha planes de ayuda económica destinadas a sus numerosos trabajadores afectados. Sin embargo, se están enfrentando a una grave inseguridad jurídica ya que, hasta el momento, no se ha aclarado por parte del Ministerio de Hacienda el régimen fiscal que va a ser de aplicación a las ayudas económicas o donaciones realizadas por las empresas a sus trabajadores o por los propios trabajadores a compañeros afectados. La petición es que dichas aportaciones no solo estén exentas del impuesto de donaciones, sino también del IRPF. En caso contrario, se podría dar la situación de que la ayuda fuera objeto de retención y de tributación, reduciendo de facto el volumen de la cuantía económica.

El documento recoge también las cifras de los supermercados afectados: de 226 tiendas que operan en la zona, 88 han resultado dañadas y 39 registran la pérdida total de sus equipamientos, con daños estimados hasta el momento en unos 95 millones de euros. A pesar de ello, “nos estamos esforzando para reabrir los supermercados y establecimientos mayoristas cuanto antes” y, además, desde el primer momento, se han volcado en la prioridad de atender a la población afectada. En este marco, las empresas defienden que “nuestros empresarios y trabajadores dieron un ejemplo de responsabilidad, profesionalidad y entrega” y expresan su rechazo hacia ciertas críticas recibidas que muestran “un profundo desconocimiento hacia nuestro sector, sus empresas, sus empresarios y sus trabajadores, y muestran una inquietante falta de empatía y sensibilidad hacia su labor social”.

Mirando hacia el futuro, las empresas piden que se empiece a trabajar cuanto antes en un protocolo de actuación ante situaciones de crisis provocadas por catástrofes, con líneas de acción claras, seguras y fiables sobre cómo actuar ante cada amenaza. Este debería incluir, también, un liderazgo en la comunicación que evite episodios de compras de acopio, que son innecesarias, ineficientes e insolidarias, así como la difusión de bulos y la utilización de la información con fines diferentes al servicio público.