El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 21 de septiembre, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un Real Decreto por el que se regulan los fondos y programas operativos, a través de los que reciben ayudas las organizaciones de productores (OP) de frutas y hortalizas, que sustituye la normativa vigente.

Las ayudas que regula este Real Decreto alcanzan los 200 millones de euros

Se trata de la norma nacional por la que se desarrollan las disposiciones relativas a las ayudas de la Unión Europea a través de los programas operativos de las OP del sector hortofrutícola. Su objetivo es recoger algunos aspectos que la normativa comunitaria deja a desarrollo por parte de los Estados miembros, y conseguir que tanto las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas como las organizaciones de productores tengan seguridad jurídica en todo el procedimiento de gestión de estas ayudas, que ascienden a 200 millones de euros al año.

El nuevo Real Decreto contempla:

· La inclusión de las nuevas disposiciones del Reglamento Ómnibus, que incluyó modificaciones de la Política Agrícola Común (PAC) (2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo) y sus correspondientes reglamentos de desarrollo de la Comisión Europea (CE). Entre ellas figuran: la nueva acción de prevención y gestión de crisis de "asesoramiento a productores individuales por parte de OP o Asociaciones de Organizaciones de Productores (AOP)", la ampliación de acciones ya existentes con "diversificación y consolidación de mercados" y la "reposición de fondos mutuales" o la flexibilización de la incompatibilidad de estas ayudas con la medida de creación de OP de Desarrollo Rural.

· La inclusión de las medidas estructurales que afectan a los programas operativos recogidas en el "Plan de Medidas para el Sector de la Fruta Dulce" para contribuir al equilibrio de oferta – demanda en este sector.

· Cambios de redacción solicitados por las CCAA y el sector con el fin de mejorar la seguridad jurídica.

Asimismo, con esta nueva norma se prorroga la fecha límite para la presentación de los programas operativos, sus modificaciones y el fondo operativo para el año siguiente, del 15 de septiembre al 5 de octubre, tal y como permite la normativa de la Unión Europea.