Aral Digital.- “España necesita recuperar la fortaleza de las instituciones, los valores éticos y anteponer el interés general a intereses particulares”. Así de rotundo se ha mostrado Juan Manuel de Mingo, presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), en el acto de clausura de la Asamblea Anual de la entidad, celebrado hoy, 8 de julio, en Madrid.

Para De Mingo, la sociedad española “no merece una legislación comercial como la que tenemos”, que busca restar competitividad a empresas eficientes para mejorar la situación de las empresas que no lo son tanto. El consumidor -ha añadido- merece una política comercial que favorezca la libre y leal competencia entre las empresas, ofreciendo cada una de ellas el mejor servicio, la mejor calidad y los precios más competitivos.

El presidente de Anged ha explicado que el sector del gran comercio invirtió 2.515 millones de euros y en el último quinquenio la cifra se eleva a 12.750 millones de euros. Al cierre de 2009, las empresas de Anged disponían 5.454 establecimientos, con 8,51 millones de metros cuadrados. En España se contabilizan 4.629 tiendas (8,38 millones de metros cuadrados). Además, el año pasado os asociados de Anged sumaron a sus enseñas un total de 53 nuevos centros, con un aumento de superficie de 173.750 metros cuadrados.

En el acto también ha intervenido Rafael Arias-Salgado, presidente de Carrefour y vicepresidente de Anged, después de pedir a las autoridades una "reforma urgente y en profundidad del marco legal del comercio", ha apuntado a la comunidad de Madrid como la “única autonomía que ha liberalizado totalmente la actividad comercial”. Asimismo, ha querido puntualizar dos reflexiones al respecto: por un lado que “es posible liberalizar el comercio”, y por otro que cuando se produce la liberalización “no se sufre ningún cataclismo”.

Patrick Coignard, presidente de Alcampo y vicepresidente de la asociación, también ha participado en el acto y ha indicado que “el esfuerzo realizado por el sector no ha sido reconocido por las Administraciones Públicas, sino todo lo contrario”. Asimismo, ha puesto de manifiesto un “hecho que nos preocupa” y que es el aumento de ciertas partidas de coste proveniente de la presión fiscal, y ha querido poner como ejemplo el de la energía eléctrica, “que ha aumentado un 30% en los últimos dos años”.

“Con el esfuerzo que estamos realizando para rebajar costes y reducir márgenes, no es sostenible ni socialmente solidario que haya aumentos de partidas de costes como el de la energía eléctrica”, ha remarcado Coignard.