Aral Digital.- La gran distribución europea será investigada por la Comisión por abuso de poder a instancias del Parlamento Europeo, tras la reciente aprobación de una Declaración Escrita apoyada por la Task Force Comercial Relations de la Confederación Europea de Industrias Alimentarias (CIAA) y la Federación Española de Industrias Alimentarias (FIAB), junto con el resto de federaciones alimentarias europeas.

Dos tercios de los eurodiputados (un total de 439 de los 785), con los que cuenta la Eurocámara, con representación de todos los partidos políticos, han firmado una Declaración Escrita, dirigida a la Comisión, reclamando que se investiguen y acoten las prácticas abusivas de la gran distribución europea y se evalúen los impactos negativos de la concentración del sector.

La Declaración solicita, concretamente, a la Dirección General de Competencia a que investigue “el impacto de la concentración de las cadenas de supermercados sobre la pequeña y mediana empresa, los suministradores, trabajadores y consumidores, y evaluar cualquier abuso de poder de compra que pueda derivarse de esa concentración”.

Además, pide a la Comisión “que proponga las medidas adecuadas, incluidas las de carácter regulador, para proteger a consumidores, trabajadores y productores de cualquier abuso de posición dominante o impacto negativo que se identifique en el curso de la investigación”. La Comisión se verá, así, forzada a hacer un análisis en profundidad de la situación y sentará la base para posibles medidas legislativas.

Todo ello es un paso importante para la industria alimentaria española, ya que viene a reforzar su denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo por la incorrecta transposición de la Directiva de Morosidad 2000/35/CE, así como el proceso de revisión de la mencionada Directiva que ha abierto la Dirección General de Empresas e Industria de la Comisión Europea.

Asimismo, representará un precedente para lograr un marco equilibrado en las relaciones comerciales a nivel europeo y evitar los plazos de pago dilatados y el cobro de servicios no prestados.

Actualmente, en la UE operan 309.000 compañías, de las que 9 de cada 10 son de pequeña y mediana dimensión. En total emplean al 13,4% del sector industrial, unos cuatro millones de trabajadores, y generan el 14% de la producción industrial de la UE.

Esta estructura contrasta con la de las cadenas de distribución, no solo en España, sino en toda Europa donde, según datos Nielsen, sólo las tres principales cadenas de distribución acaparan el 91% del total del mercado en países como Suecia, el 86% en Dinamarca o el 55% en España. Las prácticas abusivas de éstas ponen claramente en peligro la competitividad de la industria alimentaria europea.

Una de las medidas que la industria alimentaria pide para paliar esta situación es un período máximo para los plazos de pagos de 30 días y otorgar legitimación a las organizaciones empresariales para denunciar, en nombre de sus empresas miembro, situaciones de posición de dominio por cláusulas abusivas en los contratos proveedor/cliente, entre otras.