El pasado 1 de abril por fin se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos. España se convierte así, junto a Francia e Italia, en uno de los pocos países en contar con una ley contra el desperdicio alimentario a nivel nacional. Una norma pionera en nuestro país que aborda el problema a lo largo de toda la cadena alimentaria y que llega con el objetivo de reducir en un 50% el desperdicio de comida per cápita en la venta minorista y el consumo, y un 20% en las fases de producción y distribución para 2030. De esta manera, España se planta y dice no al desperdicio. Pero, ¿realmente es necesaria una ley de este tipo?

Según un estudio que hicimos en Too Good To Go, el desperdicio alimentario es un problema que preocupa a siete de cada diez españoles y ocho de cada diez valoran de forma positiva contar con una ley que ponga solución al problema. Y no es para menos. Cuando miramos las cifras, es imposible no llevarse las manos a la cabeza. Y es que cada año se desperdician en el mundo más de 2.500 millones de toneladas de alimentos, lo que supone el 40% de la comida producida a nivel mundial. 

La llegada de esta ley trae consigo aspectos importantes como la obligación de que las empresas de alimentación cuenten con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, así como, entre otras cuestiones, la obligación de que todos los agentes de la cadena atiendan a una jerarquía de prioridades

En España, los datos también asustan, pues cada segundo se tiran a la basura 250 kilos de comida. Esto es un enorme sinsentido porque el desperdicio de comida tiene consecuencias sociales, económicas y medioambientales que nos afectan a todos y a todas. Es por ello que contar con un marco regulatorio que recoja medidas fundamentales y básicas que sirven de guía para todos los operadores de la cadena alimentaria es más que necesario y que debemos aprovechar si queremos avanzar hacia el desperdicio cero. 

La llegada de esta ley trae consigo aspectos importantes como la obligación de que las empresas de alimentación cuenten con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, así como, entre otras cuestiones, la obligación de que todos los agentes de la cadena atiendan a una jerarquía de prioridades. Esta jerarquía prioriza la prevención como primer escalón seguido del consumo humano como segundo paso a dar ofreciendo flexibilidad a las empresas que pueden priorizar ese consumo humano de los excedentes que sean aptos, ya sea a través de acuerdos de donación con entidades sociales u otros tipos de redistribución. Y esto es importante de destacar, pues la ley no obliga a donar alimentos sino a suscribir acuerdos de donación para que esas donaciones se realicen acorde a los términos previstos en esos acuerdos y además da la opción de que los actores de la cadena puedan optar por otras formas e iniciativas de redistribución dándoles así múltiples alternativas para evitar el desperdicio de comida.

Pero más allá de las obligaciones, me gustaría detenerme también en el aspecto propositivo de esta ley que es el de concienciar y sensibilizar sobre el gran reto que tenemos por delante. Y la prueba de ello es que esta ley viene equipada con un catálogo de buenas prácticas que trata de fomentar e impulsar a través de incentivos para aquellas empresas que las lleven a cabo con el fin de llevar un paso más allá la acción frente al desperdicio. Unas buenas prácticas que muchas empresas ya llevan tiempo realizando, como por ejemplo la de crear espacios antidesperdicio en los establecimientos para fomentar la venta de productos ‘feos o imperfectos’ o con fecha de consumo próxima o las bajadas de precio de última hora, y que ahora se podrán beneficiar de esos incentivos por su buen hacer. Además la ley obliga también a las administraciones públicas a diseñar planes de colaboración público-privada para reducir el desperdicio de alimentos así como a llevar a cabo campañas divulgativas sobre consumo responsable con el fin de seguir impulsando la concienciación en la sociedad.

Ahora, la pregunta del millón sería: ¿ayudará esta ley a alcanzar los objetivos de reducción de desperdicio de alimentos que se propone? Lo cierto es que todavía es demasiado pronto para saberlo pero si nos fijamos en ejemplos como el de la ley en Francia, los resultados alcanzados han sido positivos. Todo será cuestión de esperar y que desde las administraciones públicas se desarrollen los instrumentos necesarios para poder asegurar su correcta implementación. Para ello es fundamental que, entre otras cosas, se informe desde las autoridades competentes a los operadores de la cadena de cuestiones tan importantes como el procedimiento de obtención de información sobre la cuantificación de desperdicio alimentario y cuál va a ser el papel de los operadores en este proceso. También es importante que se desarrolle el Plan Estratégico de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que contenga la estrategia general de la política de desperdicio alimentario, las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse los programas autonómicos. Todo esto es clave para garantizar resultados positivos.

Lo que sí está claro es que el desperdicio de alimentos es responsabilidad de todos y de todas y la llegada de esta ley trae consigo una oportunidad como país que no debemos desaprovechar y convertirnos en una referencia a nivel mundial demostrando que la unión, la colaboración y acción conjunta entre empresas, organizaciones sociales y profesionales, consumidores y las administraciones públicas es la clave para caminar hacia un país con un sistema alimentario eficiente, sostenible y sin desperdicios.