El año 2025 ha comenzado marcado por una creciente complejidad para el comercio internacional, particularmente para sectores estratégicos como el agroalimentario. La presión sobre los mercados internacionales, las fricciones comerciales con Estados Unidos y la pérdida de competitividad en algunos segmentos clave plantean un nuevo escenario de incertidumbre. Lejos de tratarse de una coyuntura pasajera, estamos ante un cambio que exige análisis, previsión y capacidad de adaptación.

Con un valor de 74.231 millones de euros en exportaciones en 2024 y un crecimiento interanual del 5,9%, la industria agroalimentaria sigue siendo uno de los pilares de nuestra economía. Sin embargo, la participación que esta tiene en el exterior se ha convertido en un factor de vulnerabilidad, ante decisiones regulatorias o cambios abruptos en el acceso a mercados clave como Estados Unidos. De hecho, la imposición, mantenimiento o amenaza de aranceles a productos como la aceituna negra, el aceite de oliva o el vino, están comenzando a evidenciar sus consecuencias.

En el caso de la aceituna negra, el producto más afectado de forma directa, se mantiene un arancel del 31% (inicialmente del 35%) desde 2018, que sigue penalizando la competitividad del producto español. Más reciente es la amenaza de aranceles del 200% sobre el vino europeo que, aunque aún no se han materializado, generan incertidumbre tanto en productores como en distribuidores. Y en el caso del aceite de oliva, las exportaciones que dependen significativamente de Estados Unidos, han caído un 30% en el primer trimestre de 2025 según datos recientes del sector. 

Este retroceso coincide además con el auge de competidores no comunitarios como Turquía y refleja cómo las barreras comerciales, junto a factores como el encarecimiento del producto, están desdibujando nuestra posición en mercados tradicionales.

“Pese a este entorno desafiante, España se encuentra entre las economías con mayor potencial de crecimiento, según el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, con previsiones de crecimiento del 2,5% y 2,6% respectivamente”

Una situación que se agrava en regiones como Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana, donde la agroindustria constituye un componente esencial del tejido económico. Concretamente, Andalucía concentra más del 70% de la producción nacional de aceite de oliva y ha sido la comunidad más expuesta a esta evolución del mercado internacional. 

En este contexto, si no se alcanza un acuerdo antes del 9 de julio, nueva fecha límite tras la prórroga negociada entre Estados Unidos y la Unión Europea, podrían activarse numerosos planes de reestructuración en empresas exportadoras del sector.

En respuesta, el Gobierno español ha aprobado el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, dotado con 14.100 millones de euros, destinado a mitigar el impacto de estos aranceles. Un plan que movilizará 7.400 millones de euros en nuevos recursos financieros y aprovechará otros 6.700 millones mediante instrumentos ya existentes. 

Esta medida representa una acción institucional relevante, pero no suficiente por sí sola. La resiliencia empresarial debe construirse desde dentro, mediante planes de contingencia, ajustes de modelo y, sobre todo, una evaluación proactiva de los riesgos geoeconómicos.

Dentro del sector, aquellas organizaciones que operan con alto grado de internacionalización o con fuerte exposición al comercio transatlántico deben prestar especial atención. En la actualidad no solo se requiere mejorar en productividad, sino también diseñar planes de contingencia por si el entorno se vuelve aún más restrictivo.

Además, el riesgo de reestructuración no afecta únicamente a las empresas afectadas por las nuevas barreras comerciales. A este grupo se suman las empresas agroalimentarias que no supieron anticiparse a cambios en el pasado, que arrastran una situación económica y financiera debilitada en la actualidad.

En estos casos, la falta de ajustes estructurales a tiempo ha derivado en procesos de reestructuración más complejos, donde la urgencia y la falta de margen de maniobra limitan las opciones de recuperación. En muchos de estos casos los fondos han adquirido deuda y, al ejecutarse las garantías, han pasado a controlar activos o incluso la propiedad de las empresas que ofrecieron esos activos como aval.

“La resiliencia empresarial debe construirse desde dentro, mediante planes de contingencia, ajustes de modelo y, sobre todo, una evaluación proactiva de los riesgos geoeconómicos”

Pese a este entorno desafiante, España se encuentra entre las economías con mayor potencial de crecimiento, según el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, con previsiones de crecimiento del 2,5% y 2,6% respectivamente. Sin embargo, ese crecimiento solo será posible si las organizaciones adoptan medidas de diagnóstico anticipado y reestructuración preventiva.

La incertidumbre no puede gestionarse desde la improvisación. Las empresas deben prepararse con antelación, evaluar su exposición real y activar soluciones antes de que el deterioro sea irreversible. No hacerlo puede convertir las amenazas en una realidad que comprometa su viabilidad.