Las organizaciones empresariales del sector cárnico Anice y Fecic, han expresado en carta remitida a la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Ana Rodríguez Castaño, su más profunda preocupación por el impacto que el apagón del 28 de abril ha tenido en el sector cárnico español.

Las primeras estimaciones apuntan a unas pérdidas directas, que podrían ascender a 190 millones de euros, según declaran ambas organizaciones, tras la consulta realizada a las principales empresas del sector.

A través de dicho procedimiento, ambas asociaciones han recabado las principales incidencias que se han producido en mataderos, salas de despiece e industrias elaboradoras, donde la producción se ha visto interrumpida bruscamente. 

Un resultado que se ha traducido, tal como manifiestan desde Anice y Fecic en pérdidas inmediatas, en los mataderos del valor de los animales aturdidos, pero no sacrificados, aquellos sacrificados, pero no eviscerados, y los miles de canales que han quedado colgadas en las líneas de faenado o en las salas de oreo.

Estos animales han sido ya decomisados, junto con tripería, vísceras y, de manera significativa, en las industrias de elaborados, las masas elaboradas para productos cocidos y curados o los productos en hornos. Además, se han registrado daños en maquinaria, estaciones de bombeo, depuradoras, aparatos electrónicos y sistemas, entre otros.

A primera hora de esta mañana se ha constatado cómo en algunas plantas aún no se había podido restablecer el suministro eléctrico, lo que probablemente incrementará exponencialmente las pérdidas de una parte considerable de las producciones almacenadas en cámaras.

El director general de Anice, Giuseppe Aloisio y el secretario general de Fecic, Ignasi Pons, confían en que el Gobierno de España pueda articular mecanismos de compensación y ayudas directas para mitigar el gran perjuicio económico producido en las industrias cárnicas, utilizando los instrumentos de contingencia presupuestaria necesarios para enfrentarse a este desastre sin precedentes, que ha evidenciado la enorme fragilidad del sistema energético de nuestro país.